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El proyecto de Ley establece un tope del diez por ciento a los honorarios por contingencia que pueda recibir un ajustador público en relación al pago de la reclamación. /Inter News Service
San Juan, 21 feb (INS).- Las representantes Maricarmen Mas Rodríguez y Yashira Lebrón Rodríguez anunciaron la presentación de un paquete de medidas dirigida a regular, por primera vez, la práctica de los ajustadores públicos en Puerto Rico, ante las múltiples quejas de la ciudadanía relacionada al proceder de algunas de estos ajustadores durante el proceso de evaluación de daños después de los huracanes Irma y María.
El proyecto de Ley establece un tope del diez por ciento a los honorarios por contingencia que pueda recibir un ajustador público en relación al pago de la reclamación.
La medida, también por primera vez, brinda garras a la Oficina del Comisionado de Seguros (OCS) para imponer severas multas y hasta cancelar licencias a los ajustadores que actúen de manera fraudulenta.
También se sometió una resolución conjunta de la Cámara de Representantes dirigida a ordenar a la OCS a recolectar estadísticas y data sobre reclamaciones atendidas por los ajustadores públicos.
“Como saben, hemos estado mirando esta práctica de los ajustadores públicos desde el año 2018, cuando un grupo de ciudadanos y comerciantes se nos acercaron con serias preocupaciones ante lo que entendían eran acciones poco legales. La pasada semana realizamos una vista pública donde salió a relucir escandalosos datos, como que existen más de 11 querellas en la Oficina del Comisionado contra ajustadores públicos relacionados a acciones de fraude en estimados de daños”, señaló Mas Rodríguez.
Agregó que, “también, que las reclamaciones de los huracanes Irma y María que no se han resuelto es a consecuencia directa de sobreestimados y acciones fraudulentas de algunos ajustadores. Por eso decidimos radicar estas medidas”.
Lebrón Rodríguez, quien preside la Comisión de Asuntos del Consumidor de la Cámara de Representantes, dijo que “fefinitivamente que hay que ponerle copo a la práctica ilegal de sobreestimar daños para coger un mayor por ciento de la reclamación. Eso es ilegal e inmoral. Por tal razón, acogimos la propuesta de la Oficina del Comisionado de Seguros de establecer, por ley, un tope de diez por ciento a cada ajustador”.
Por otra parte, opinó que “nos parece vital que existan consecuencias a actos fraudulentos, de tal forma radicaremos un proyecto que imponga, nuevamente por ley, multas de entre5,000 a 30,000 por violación y que se cancele la licencia por cinco años después de la segunda infracción”.
Según datos de la OCS, actualmente existen 11 investigaciones en curso en torno a posibles actos ilegales cometidos por múltiples firmas de ajustadores públicos durante la emergencia del huracán María en septiembre de 2017.
La inmensa mayoría de las estas investigaciones involucran a entidades que vinieron de los Estados Unidos luego del desastre ocasionado por María.
La investigación se realiza bajo el amparo de resolución de la Cámara 1094, de la autoría de Mas Rodríguez y sometida 2018, la cual ordena a la Comisión de Asuntos del Consumidor hacer una pesquisa sobre las prácticas de los ajustadores públicos en la Isla.INS
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