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San Juan, 13 feb (INS).- La presidenta de la Comisión de Asuntos del Consumidor, Banca y Seguros de la Cámara, Yashira Lebrón Rodríguez, anunció que considerará establecer por ley un tope al porcentaje de honorarios por contingencia que pueda recibir un ajustador público en relación al pago de reclamaciones debido a prácticas irregulares.
Esto, tras escuchar los planteamientos del asesor de la Oficina del Comisionado de Seguros (OCS), Alexander Adams, y la directora ejecutiva de la Asociación de Compañías de Seguros (ACODESE), Iraelia Pernas, durante la discusión en audiencia pública de la resolución de la Cámara 1094, mediante la cual se investiga el aumento en la utilización de ajustadores independientes por parte de las aseguradoras del país y la necesidad de regular con nuevos requisitos la figura del ajustador independiente, particularmente en situaciones de emergencia nacional o catástrofes.
“Me estaré reuniendo con la representante Maricarmen Mas Rodríguez, autora de la resolución investigativa, para presentar una nueva legislación a esos efectos. Ahora mismo no existe un tope en cuanto al cobro. Sí hay una carta normativa (CN-237-2018) sobre contratación de Ajustadores Públicos de parte de Agencias e instrumentalidades del Gobierno de parte del Comisionado de Seguros, pero no está establecido por ley. Las recomendaciones que nos dan es equipararlo a lo que se está llevando en la Florida que es un máximo de 10 por ciento para que haya uniformidad”, adelantó Lebrón Rodríguez.
Adams, de OCS, aclaró que en Puerto Rico ninguna persona pueda desempeñarse como ajustador de reclamaciones de seguros, a menos que posea una licencia tanto para fungir como ajustador independiente, que representa al asegurador o como el ajustador público que representa al asegurado.
Además, del ajustador de emergencia que ostenta una licencia provisional para asistir en casos de catástrofes.
Indicó también que debido a la gran cantidad de reclamaciones que surgieron tras el embate de los huracanes Irma y María, para el ajuste de reclamaciones de seguros, se impuso un límite de 10 por ciento.
Pernas, de ACODESE, planteó la problemática en cuanto a que la mayoría de los casos de las reclamaciones post María, que aún se está dilucidando, “no se han podido resolver debido a los patrones indebidos de conducta de los ajustadores públicos. Hay querellas pendientes ante la Oficina del Comisionado en la que se imputan prácticas desleales y acciones fraudulentas. Cuando interviene un ajustador público, su compensación de ordinario es contingente a lo que pague el asegurador. Esto ha provocado que las reclamaciones se presentan con estimados irreales e inflados”.
Igualmente, señaló que esto ha dado paso a múltiples querellas presentadas por las aseguradoras ante la OCS, las cuales aún están en curso.
Adams amplió informando que, de acuerdo con una revisión tras los huracanes de Irma y María, “al momento entre el periodo de septiembre de 2017 al 31 de diciembre de 2019 se emitieron querellas en contra de 11 ajustadores públicos. Las sanciones podrían fluctuar entre de 5,000 hasta 50,000 en multas. Al 31 diciembre de 2019, hay 293,000 reclamaciones y a esta fecha se han resuelto el 97.7 por ciento, mientras que 3,000 reclamaciones están en litigio y pendientes en los tribunales. Y al 31 de diciembre cesaron de emitir las licencias de ajustador especial”.INS
lp