Inter News Service Agencia de Noticias
San Juan, 6 feb (INS).- La Oficina del Inspector General de Puerto Rico (OIG) llevó a cabo una investigación sobre el otorgamiento de un contrato a un productor de seguros otorgado por el Departamento de Hacienda.
Esto, tras advenir en conocimiento de irregularidades y posibles violaciones legales cometidas al momento del otorgamiento del contrato.
De la investigación se desprende que el productor de seguros fue incorporado el mismo día en que la agencia comenzó el recogido de los requisitos para las solicitudes de propuestas para la contratación de productores.
Según se establece en el contrato de servicios profesionales, el Artículo 12.020 (3) del Código de Seguros de Puerto Rico (Ley 77 de 19 de junio de 1957), impone a Hacienda el deber de gestionar y contratar los seguros del gobierno, los municipios y corporaciones públicas.
“Es meritorio señalar que el Departamento es quien selecciona y asigna a las entidades gubernamentales los productores que gestionan los distintos seguros que estas tengan que adquirir”, señaló la OIG.
Así, conforme a los poderes y facultades que le confiere la Ley 15 de 2017, la OIG determinó realizar una investigación, al identificar irregularidades o deficiencias en el otorgamiento del contrato mencionado y posibles violaciones legales.
La pesquisa reveló hallazgos entre los cuales se observó qu,; al momento de la firma del contrato, no existía una resolución corporativa que facultara al representante de productor de seguros a comparecer en dicho acto, como se establecía expresamente en el contrato mencionado.
La resolución corporativa estaba contenida en el expediente días después de la firma del contrato.
Además, certificaciones requeridas por virtud de la Ley 237 de 2004, la carta circular 1300-16-16, e indispensables para la contratación gubernamental del productor de seguros, se expidieron después de la fecha del otorgamiento del contrato y una certificación no se encontró del expediente.
Según la OIG, Hacienda validó y certificó a la fecha de otorgamiento documentos como Certificación de Radicación de Planillas, el Certificado de Existencia y la Certificación Negativa del Programa de Seguro Social para Choferes, a pesar de que estos fueron expedidos y presentados en fecha posterior a la que ya se había concretado el otorgamiento del contrato.
Se identificó, además, que el contrato y varias enmiendas fueron remitidos y registrados tardíamente en la Oficina del Contralor de Puerto Rico, en violación a lo dispuesto en el artículo 1 (A) de la Ley 18 de 1975.
La formalización del contrato desde la fecha de abril de 2017 y sus enmiendas provocaron el desembolso de fondos públicos por la cantidad de 182,630, por lo que se recomienda a la agencia a iniciar los trámites correspondientes para el recobro de los fondos públicos.
Según la OIG, “otorgar un contrato público, en el que a la fecha del otorgamiento el contratista no había demostrado estar autorizado para comparecer a su firma y sin cumplir con la documentación requerida, trastoca los procesos de contratación dentro del gobierno de Puerto Rico y las aspiraciones de un gobierno transparente”.
A su vez, señala posibles violaciones al Código Penal de Puerto Rico la Ley de Contabilidad del Gobierno y la Ley para establecer parámetros uniformes en los procesos de contratación de servicios profesionales o consultivos para las agencias y entidades gubernamentales, así como del Código de Ética para Contratistas, Suplidores y Solicitantes de Incentivos Económicos de las Agencias Ejecutivas.
Además, advierte que “en cumplimiento con nuestra facultad ministerial de prevenir la corrupción y el mal uso de públicos, corresponde realizar los correspondientes referidos a las entidades concernientes, para que evalúen posibles infracciones por parte de los funcionarios públicos a los estatutos”.INS
lp