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Santo Domingo, 28 ene (INS).- El presidente del Tribunal Superior Electoral (TSE), Román Jáquez Liranzo, informó que las medidas de coerción a los acusados de incurrir en delitos electorales serán conocidas por un juez de atención permanente que designará el Pleno de la Alta Corte, al igual que los que examinarán las demás fases del proceso penal.
Precisó que la oficina de atención permanente que habilitarán para esos casos funcionará a través de la secretaría general del TSE, y que la capacitación del personal que trabajará está en la fase final.
También declaró que ese organismo designará a los jueces que conocerán las demás etapas del proceso penal, instrucción, juicio de fondo, apelación o para conocer cualquier recurso que se interponga, como por ejemplo un Habeas Corpus, procedimiento jurídico mediante el cual cualquier ciudadano puede comparecer inmediatamente ante un tribunal para que este determine sobre la legalidad de un arresto.
Jáquez Liranzo indicó que para el conocimiento de las infracciones electorales serán integrados los jueces suplentes, además de los cinco titulares que componen el tribunal, porque son los que constitucionalmente tienen competencia, pero que, para cada etapa, el Pleno se ocupará de asignar el o los magistrados necesarios, ya sean titulares o suplentes.
“El tribunal no tiene ningún tipo de dudas de que va a satisfacer y va a dar respuesta oportuna, apegada al debido proceso y a las garantías procesales penales, a todas las personas que sean acusadas de estos delitos”, puntualizó.
Indicó que los casos serán conocidos en la misma sala que actualmente se conocen los recursos contenciosos y administrativos, ya que no se le aprobaron los recursos para habilitar otra, debido a que del presupuesto de 1,040 millones de pesos (19 millones de dólares) que solicitaron para este año, solamente se le aprobó 600 millones (11 millones de dólares).
Jáquez habló al concluir una reunión que sostuvo en su despacho con el procurador general, Jean Alain Rodríguez, en la que coordinaron acciones para el conocimiento y persecución de esas acciones.
En ese contexto, el procurador Rodríguez manifestó que el Ministerio Público, a través de los fiscales de todo el país, se ocupará de la investigación y persecución, no la procuraduría especializada.
Los delitos electorales son aquellas acciones u omisiones que lesionan o ponen en peligro el adecuado desarrollo de la función electoral y atentan contra las características del voto que debe ser universal, libre, directo, personal, secreto e intransferible.
“Esto no es más ni menos importante, es un delito y tiene una sanción que lo contempla la ley, se desarrolla un proceso y si se tienen evidencias, si se tienen pruebas, es traído al TSE”, expresó Rodríguez.
Sostuvo que el Ministerio Público es el que tiene la responsabilidad de investigar y perseguir esos hechos, a través de los fiscales, tras aclarar que el rol de la procuraduría especializada que dispone crear la constitución es para apoyo y cooperación, y se encuentra en proceso.
Reiteró que está listo para perseguir a los infractores y apoderar a los jueces para que juzguen lo que entiendan pertinente.
En el país se celebrarán elecciones municipales el 16 del próximo mes, y presidenciales y congresionales el 17 de mayo de este año.
Diversos sectores de la población han llamado a sancionar la práctica de compra de cédulas y otros crímenes electorales que se denuncian en cada proceso de votación. INS
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