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Santo Domingo, 21 nov (INS).- Diputados de los partidos de oposición solicitaron al Ministerio Público iniciar una investigación contra el candidato presidencial del gobernante Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Gonzalo Castillo, a quien presuntamente se atribuye administrar de manera irregular fondos del Estado dominicano en compra de materiales de construcción sin ningún tipo de fiscalización.
El pedimento se basa en las presuntas denuncias de irregularidades en el Ministerio de Obras Públicas, del cual Castillo era el titular, presentadas en el programa de televisión “El Informe con Alicia Ortega”, relacionadas con la contratación de 11,500 millones de pesos (equivalentes a (217,819,200 dólares) en la compra de hormigón asfáltico caliente, todo ejecutado durante los cinco meses previos a las primarias simultáneas de la entidad oficialista realizadas el 6 de octubre pasado.
Los legisladores de La Fuerza del Pueblo, Henry Merán y Leivi Suriel dijeron a los medios que con esas evidencias no descartan solicitar la activación del rol fiscalizador del Congreso Nacional.
Mientras que los diputados del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Josefa Castillo y Darío de Jesús Zapata, y el candidato presidencial de la organización, El candidato a la presidencia por el Partido Revolucionario Moderno (PRM), Luis Abinader, consideraron que en las documentaciones publicadas por la periodista Alicia Ortega se demuestran las denuncias que ellos venían haciendo de que el oficialismo usó los recursos del Estado para favorecer el triunfo de su candidato danilista, Gonzalo Castillo.
En la investigación presentada por “El Informe”, los contratos para la compra del asfalto utilizado en su mayoría en provincias del sur fueron adjudicados a empresas ya pre aprobadas por el exministro de Obras Públicas, en la modalidad de excepción, sin que se cumpliera con los requisitos establecidos en la ley.
La periodista Alicia Ortega solicitó, vía la Oficina de Libre Acceso de la Información Pública de este ministerio, detalles concretos sobre algunos de estos contratos, pero la directora Jurídica de Obras Públicas contestó que debía esperar a que la Contraloría General de la República concluyera la indagación de una impugnación sobre el proceso de excepción que contrató a cuatro empresas por mil 200 millones de pesos (22,7 millones de dólares).
Otras de las alegadas anomalías reveladas por el referido programa de televisión fue la contratación de dos empresas para el asfalto de la misma cantidad de kilómetros, pero para una el costo fue de 300 millones de pesos (5,682,240 millones de dólares) y para otra fue la mitad.
De igual manera, Alicia Ortega informó que intentó conseguir una entrevista con Gonzalo Castillo para darle la oportunidad de que explicara las asignaciones de contratos, pero que esa solicitud no fue aceptada. Precisa que los contratos se adjudicaron sin licitación pública.
Los congresistas de la oposición pidieron una investigación del caso a la Cámara de Cuentas a los fines de determinar la forma en que los contratos fueron entregados a las empresas.
Según el programa, el mismo día que Castillo anunció su renuncia del ministerio bajo su dirección para integrarse a su proyecto político, se publicó uno de los siete procesos de sección de los alegados contratos irregulares patrocinados por Obras Públicas.
Afirma que el proyecto que se ejecutó en las localidades Higüey, La Romana, Villa Consuelo, Constanza y Azua, regiones este, Distrito Nacional, norte y sur del país, involucró siete procesos de compra por excepción y casi 40 empresas pre aprobadas y contratadas por 300 millones de pesos cada una.
Los procesos realizados para la adquisición del material de construcción utilizados para los asfaltados “presentan una desnaturalización del proceso de excepción para poder violar la ley 3-40, sobre compras y contrataciones de bienes”. INS
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