Inter News Service Agencia de Noticias
San Juan, 21 nov (INS).- La organización Kilómetro Cero exigió, por medio de una carta cursada a la secretaria de Justicia, Dennise Longo Quiñones, el esclarecimiento del asesinato del ciudadano Francisco Marrero Noa, ocurrido el pasado 17 de septiembre. Marrero Noa, quien no portaba arma de fuego, se encontraba acompañado de su pareja Wilnelia Rodríguez Sáez en el negocio Socios Café de Bayamón, cuando dos policías le dispararon y lo mataron.
La entidad envió copia de la carta a la gobernadora Wanda Vázquez Garced y al director del NIE, Héctor López Sánchez.
Ese día, según reportó la prensa, cuatro agentes de la Policía de Puerto Rico se encontraban consumiendo bebidas alcohólicas en el negocio Socios Café de Bayamón.
Entre Wilnelia Rodríguez Sáez y la agente Lilibeth Torres Pedraza se entabló una discusión y los compañeros de la mujer policía, al igual que Francisco Marrero, intervinieron.
Personas han dicho que, dentro del negocio, los policías propinaron una golpiza a Marrero Noa.
Luego de la discusión, el perjudicado salió del local y se montó en su guagua Dodge Durango.
Los agentes José Ortiz Merced y Enrique Feliciano Marrero, habiéndolo seguido hasta afuera, abrieron fuego y mataron a Marrero Noa.
La Policía dijo públicamente que los agentes justificaron su acto argumentando que Marrero Noa supuestamente pretendía tirar el carro encima a un supuesto grupo de personas que se encontraba frente al negocio.
El caso se refirió al Negociado de Investigaciones Especiales (NIE).
“Tenemos muchas preguntas. Por ejemplo: ¿Por qué estos agentes estaban armados mientras ingerían bebidas alcohólicas en un bar?
¿Se le hicieron pruebas de alcohol a los agentes involucrados en la muerte de Francisco Marrero?”, escribió la organización ciudadana en su carta.
La orden general 600-618 sobre Uso y manejo de armas de reglamento “prohíbe la portación, así como el uso de su arma de reglamento, cuando (los miembros de la Policía) estén sobre el límite legal de alcohol establecido en la Ley 22 de 2000, según enmendada, conocida como la Ley de Vehículos y Tránsito de PR”.
Mari Mari Narváez, directora ejecutiva de Kilómetro Cero, añadió que “existen políticas de uso de fuerza con las que todo policía está obligado a cumplir. Si no cumple rigurosamente con ella y con la Constitución, el Estado está obligado a radicarles cargos criminales. El trabajo de la Policía no es matarnos. En una situación de tensión, la Policía TIENE que utilizar estrategias no violentas para apaciguar, no escalar las situaciones y utilizar el arma de fuego ligera e irresponsablemente. La Policía solo puede utilizar fuerza letal si es estrictamente necesario para defender la vida de un ataque inminente. Está obligada a hacerlo de forma: razonable, proporcional y escalonada. Se ha probado que las políticas restrictivas de uso de fuerza son vitales para salvar vidas, incluso de policías”.
“Todos los agentes de ley y orden del Estado tienen que estar adiestrados para intervenir con personas en conflictos sin matarlas como mataron a Francisco Marrero Noa, quien no portaba arma de fuego. Tienen que estar adiestrados para intervenir con personas en crisis sin matarlas como mataron a Anthony Maldonado Avilés en Jayuya, quien tampoco portaba arma de fuego cuando la Policía lo mató en su casa, en febrero de 2019 y en cuyo caso tampoco se han presentado cargos criminales contra los agentes. Tienen que estar adiestrados para intervenir con personas desarmadas sin matarlas, como mataron a Carlos Javier Betancourt, de 21 años, porque pensaron que estaba armado aunque no lo estaba y en cuyo caso tampoco se han presentado cargos criminales, que sepamos. Estas son solo algunas de las al menos 9 personas que la Policía de PR ha matado este año”, dijo la portavoz.
Kilometro Cero es una organización sin fines de lucro que aboga contra la violencia de Estado, especialmente la que ejerce la Policía de Puerto Rico.
La organización desarrolla proyectos que impulsan el poder de la ciudadanía en las áreas de uso de fuerza del Estado, libertad de expresión y respuesta estatal a la violencia de género.INS
lp