P. Rico-Sector privado se opone a proyecto de ley que fijaría un tope al impuesto al inventario que los comercios pagan actualmente

San Juan, 12 nov (INS).- A solo días para que la sesión legislativa concluya, el representante Antonio Soto y el presidente de la Junta de Gobierno del Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM), Javier Carrasquillo, informaron que someterán un proyecto de ley que fijaría un tope al impuesto al inventario que los comercios pagan actualmente.

Ante este anuncio, el sector privado reaccionó en desacuerdo y solicitó que reconsideren la medida.

“A estas alturas no hemos tenido acceso al borrador y por lo que trasciende en prensa no se atiende en lo absoluto el reclamo del sector privado y los ciudadanos puertorriqueños de que se elimine el impuesto al inventario. Llevamos cerca de dos años en discusiones y análisis, y no nos parece prudente que quieran descargar un proyecto que no atiende la situación concretamente”, acotó Iván Báez, presidente de la Asociación de Comercio al Detal.

Por su parte, Liliana Cubano, presidente de Hecho en Puerto Rico, alertó de las serias consecuencias que aprobar un proyecto como este tendría a largo plazo: “No se está hablando de ni tan siquiera eliminar el impuesto al inventario, sino fijarlo por cinco años como periodo para encontrar una sustitución que hasta ahora no han tenido la voluntad de producir. Nuestro llamado es a que no lo radiquen y no lo aprueben”.

Sobre este asunto, Julio Ortiz, presidente de Distribuidores de Autos de Puerto Rico, comentó que “ha habido un consenso entre todos los expertos, economistas y ciudadanos en general de que no aprender de las experiencias y emergencias pasadas es aumentar los riesgos de una crisis de seguridad nacional en el país. El asunto de la eliminación del impuesto a los inventarios es crítico para estar preparados para otra emergencia, ya que no solo impacta alimentos y agua, sino todos los suministros y durante todo el año”.

Para Kenneth Rivera, pasado presidente de la CCPR y del Colegio de CPA, “resulta inaudito que dos años luego de los huracanes no se haya eliminado este impuesto y estemos hablando de cinco años más de espera. Esta imposición ha trascendido de ser un mal impuesto a ser un obstáculo para la seguridad del pueblo y para la recuperación económica de país. Ciertamente la presión ejercida por los alcaldes a la legislatura ha podido más que el deber hacía el pueblo de Puerto Rico, por lo que solicitamos reconsideren esta medida y no la lleven a aprobación”.

De acuerdo a los portavoces, la Isla tiene una necesidad de mantener abastos y suministros suficientes para atender la necesidad de artículos de primera necesidad, pues según las estadísticas oficiales, el país maneja un inventario para menos de 20 días.

Además, según los estudios de la compañía Professional Market Research el porcentaje de faltantes de productos en góndolas (“out of stock”) de 2018 cerró en niveles “alarmantes”, por sobre el 20%, y el 2019 está promediando un 15.7% lo cual es casi el doble del 8% que operan otros mercados.INS

lp