P. Rico-CABE denuncia que la Policía sigue considerando la homosexualidad como causa para sancionar oficiales

San Juan, 5 nov (INS).- El Comité Amplio para la Búsqueda de Equidad (CABE) criticó el contenido de una querella administrativa fechada 3 de octubre de 2019, mediante la cual se le imputa a un oficial de la Policía del precinto de Mameyes en el área policíaca de Utuado una falta grave por supuestamente “asociarse con prostitutas, homosexuales o personas de dudosa reputación”.

A pesar de que el secretario Elmer Román González emitió un comunicado diciendo que existe una orden en la Policía para prohibir la discriminación contra las personas Lgbttiq, el CABE ve el suceso como un síntoma grave del clima de intolerancia que permea esa y otras agencias de gobierno.

“Aunque la Policía ha tratado de explicar que ese reglamento no está vigente, es una falta grave el que su personal a cargo de investigaciones y querellas siga aplicando un reglamento viejo en el que relacionarse con una persona homosexual es motivo de falta. Esto revela un ambiente de trabajo en el cual no hay, ni ha habido, interés en erradicar la homofobia y el discrimen. Cuando se trata de la Policía de Puerto Rico el asunto cobra mayor relevancia”, expresó Osvaldo Burgos Pérez, portavoz del CABE.

Recordó que “el informe de la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia Federal en el que se reportó el trato discriminatorio hacia las comunidades LGBTT de parte de la Policía de Puerto Rico. Ese ambiente parece estar presente en esa agencia todavía a pesar de que es contrario a la política pública de la ley 22 de 2013 que prohíbe el discrimen en el empleo por razón de orientación sexual e identidad de género y constituye una burla a la mal llamada Reforma de la Policía”.

Mientras, Mary Cele Rivera Martínez, otra de las portavoces del CABE, comentó que “nos parece que la Policía de Puerto Rico no ha superado los tiempos en que la homosexualidad estaba tipificada como delito, asunto que fue declarado inconstitucional hace cerca de dos décadas. Sus acciones se han quedado en el papel y no son parte de la realidad de la agencia”.

Según el CABE, la carta enviada al empleado de la Policía viola lo ordenado en el artículo 17 de la Ley 22 de 2013, que lee: “Se ordena a todas las agencias, instrumentalidades, departamentos, corporaciones públicas, municipios, y a la Rama Legislativa a atemperar sus reglamentos de personal para exponer claramente la Política Pública establecida en esta ley”.

“No sólo le estamos pidiendo explicaciones al comisionado de Seguridad, al superintendente de la Policía y a la gobernadora de Puerto Rico, sino que exigimos que se implante en todas las agencias públicas una política pública acorde a la Ley 22 del 2013 y que se adiestre al personal de todas ellas para que actúen conforme a la misma. En pleno Siglo XXI es indignante que se pretenda implantar cualquier disposición que penalice la relación o asociación con personas homosexuales, trabajadoras sexuales y otras personas vulnerables al discrimen. De igual forma exigimos a la gobernadora de Puerto Rico, Wanda Vázquez Garced, que ordene a sus jefes de agencia revisar sus respectivos reglamentos y atemperarlos al ordenamiento anti discrimen vigente”, apuntó Rivera Martínez.INS

lp