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Santo Domingo, 4 nov (INS).- La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional impuso las medidas de coerción en contra cuatro colombianos y un estadounidense por estar vinculados a la trata de personas con fines de realizar trabajos forzosos.
Se trata de Alejandro Gacham Ilal, Rosemary Pion Taylor, Milagros de Jesús Torrenegra, Mary Cecilia Miguel y Camilo Miguel, este último nacionalizado estadounidense, que se encontraban detenidos bajo cargo de realizar esa ilícita actividad a través de la empresa de venta de enciclopedias Ediciones Sistesam S.R.L, la cual fue clausurada provisionalmente por las autoridades.
La Procuraduría Especializada Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas obtuvo procedimientos cautelares al ponderar la gravedad de los hechos, según consta en las evidencias presentadas ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional.
Conforme a la acusación, los imputados se presume que integraban una red criminal que, según han establecido las investigaciones, operaba desde 1998 en el país.
En el caso de Alejandro Gacham Ilal, de 60 años de edad, el tribunal le impuso el pago de una garantía económica de 100 mil en efectivo (1,894 dólares), presentación periódica ante el Ministerio Público, impedimento de salida del país con retención de su pasaporte y colocación de un brazalete electrónico, en tanto que contra Rosemary Pion Taylor, de 65 años, y Milagros de Jesús Torrenegra, de 50, una garantía económica en efectivo de 200 mil (3,788 dólares), impedimento de salida del país con retención de su pasaporte y presentación periódica.
Igual sanción recae sobre Mary Cecilia Miguel, de 70 años, además de arresto domiciliario, impedimento de salida del país con retención de su pasaporte, así como al colombiano estadounidense Camilo Miguel, de 81 años, al quien tomando en cuenta su avanzada edad, el tribunal le impuso una garantía económica de 20 mil en efectivo (378 dólares) y presentación periódica.
A través de un comunicado de prensa el Ministerio Público informó que le atribuye al grupo “dedicarse a la trata de personas agravada con fines de trabajo forzado, delito tipificado y sancionado por las disposiciones establecidas en los artículos 3 y 7 literales c y d de la Ley No. 137-03 que sanciona el Tráfico Ilícito de Migrantes y la Trata de Personas”.
Detalló que por este caso también es perseguido Juan Carlos Adán, quien se presume que forma parte de la red que fue desmantelada luego de una labor de inteligencia, durante una operación ejecutada por las autoridades conjuntamente con la Procuraduría Fiscal del Distrito Nacional y con la colaboración del Departamento Contra el Tráfico y Trata de Personas de la Policía Nacional.
Explicó que el operativo fue ejecutado en el transcurso de cuatro allanamientos mediante orden judicial, tres de estos en el Distrito Nacional y uno en la provincia Valverde (noroeste), “durante los cuales fueron rescatadas seis víctimas y ocupados cientos de evidencias, entre ellas, algunos vehículos, documentos, lista con anotaciones, nombres de jóvenes mujeres, descripción de ventas de enciclopedias y lugares (provincias) donde eran desplazadas las víctimas, además de dinero (bolívares) y otros”.
El órgano de justicia establece en la solicitud de medidas de coerción que producto de las investigaciones realizadas en contra de esa organización criminal “se pudo determinar que su metodología abarca la captación y el traslado a la República Dominicana de ciudadanos de nacionalidad venezolana, quienes, luego de que llegaban al país eran llevados a las oficinas de la Empresa Ediciones Sistesam S.R.L, localizada en el sector Renacimiento del Distrito Nacional, la cual se dedica a la venta de enciclopedias en todo el territorio nacional”.
De acuerdo a la indagación, estando en esa compañía les retenían sus pasaportes bajo el argumento de que serían enviados a la Dirección General de Migración para regularizar sus estatus, mientras que a otras les informaban que por seguridad iban a ser retenidos los documentos y les entregaban copias de los mismos.
“Luego les hacían firmar una hoja en blanco a cada víctima captada, al tiempo de entregarles insumos de trabajo (las enciclopedias, talonarios de facturas, carpetas y brochures), así como carnets de identificación, además de que les daban una charla que tenían que aprenderse con el fin de convencer a los potenciales clientes sobre la importancia de la compra de las enciclopedias”, agregó.
La instancia del Ministerio Público destaca que “posteriormente las víctimas eran trasladadas a provincias del interior del país, donde realizaban las ventas de los libros, casa por casa, labor por las que les prometían pagarles, sin embargo, no les hacían ningún pago por el trabajo realizado, argumentando que se lo pagarían al culminar su tiempo de labor, recibiendo luego presión psicológica y las obligaban a firmar un documento de descargo para posteriormente proceder a entregarles sus pasaportes originales”. INS
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