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La conferencia de prensa en la que se dieron detalles del operativo./Inter News Service
San Juan, 24 oct (INS).- Fiscales de la División de Crimen Organizado y de Strike Force de Caguas y Ponce sometieron 272 denuncias por violaciones por Ley de Armas y de Sustancias Contraladas, como resultado del operativo Sin Fronteras II.
Como parte del operativo se ejecutaron 97 órdenes de arresto y se impusieron sobre 43 millones en fianzas.
El operativo Sin Fronteras II es parte de las iniciativas del plan anticrimen que se ha estado implementado bajo la administración de la gobernadora Wanda Vázquez Garced y es el resultado de una investigación realizada por la División de Drogas Metropolitana de la Policía con la División del Crimen Organizado y de Drogas del Departamento de Justicia.
En la investigación se intervino con una red de personas que vendían armas y municiones ilegales, y que distribuían ilegalmente sustancias controladas
La investigación que tomó más de un año y requirió la realización de más de 109 transacciones encubiertas entre armas (65) y drogas (44) en las diferentes jurisdicciones, resultó en la presentación de cargos contra 97 imputados y la imposición de fianzas que en total es 43,670,000 dólares.
Las transacciones encubiertas se llevaron a cabo en las jurisdicciones de Bayamón, Caguas, Carolina, Ponce y San Juan.
La secretaria de Justicia, Dennise Longo Quiñones, indicó que “esta iniciativa se implementó para continuar impactando el trasiego ilícito de armas y sustancias controladas en la Isla. La investigación reveló que las personas envueltas en este tipo de negocio son de todo tipo de clase social y económico. Todos deben de estar advertidos que estamos supervisando este mercado ilegal, los vamos a buscar y a radicarles cargos”.
En tanto, el comisionado de la Policía, Henry Escalera, afirmó que “los esfuerzos del Negociado de la Policía están dirigidos a combatir la criminalidad y sacar de circulación cualquier elemento ilegal que abone a la violencia en nuestras comunidades. Continuaremos ejecutando los distintos planes de trabajo para, en unión a los entes municipales, estatales y federales, lograr un Puerto Rico más seguro para todos. No escatimamos en la asignación de recursos para atender el desafío que representa la criminalidad en nuestras comunidades”.
Los recursos dedicados por el Negociado de la Policía para las compras encubiertas de armas y sustancias controladas excedieron los 171,000 dólares en fondos públicos para costear la investigación.
Se compraron 86 armas de fuego en transacciones encubiertas como parte de la investigación, incluyendo 36 pistolas y 50 rifles.
La investigación también incluyó la compra de heroína, marihuana, cocaína, y crack en cantidades para distribución.
“El operativo de hoy es un gran ejemplo de lo que podemos lograr cuando se unen voluntades, recursos e inteligencia para atacar un problema. En esta investigación se intervino con una red de personas envueltas en un mercado negro que amenaza la seguridad de nuestros ciudadanos. Las ventas ilegales de armas y municiones tienen un impacto directo en los actos violentos que estamos presenciando en Puerto Rico. Nuestro mensaje es uno: no vamos a permitir que interrumpan la paz de los buenos ciudadanos que residen en nuestra isla con estas transacciones ilícitas”, sostuvo el secretario de Seguridad Pública, Elmer Román.
Mientras, Longo Quiñones expresó que este tipo de operativo tiene como objetivo sacar de circulación armas de fuego ilegales que se usan para masacres, para resolver riñas entre personas en lugares públicos, y cuyas víctimas son ciudadanos que cumplen con la ley.INS
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