P. Rico-Escuela de Derecho UPR obtiene fondos para establecer proyecto de pruebas ADN post sentencia

San Juan, 22 oct (INS).- El Instituto de Justicia Nacional del Departamento de Justicia de EEUU otorgó a la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico (UPR) la cantidad de 497,288 dólares para establecer el proyecto de pruebas de ADN post sentencia , parte de una iniciativa dirigida a crear un proyecto Inocencia en el recinto de Río Piedras, anunció la decana Vivian Neptune Rivera.

La propuesta fue elaborada por las licenciadas Sharon Hernández y Lilliam Rodríguez, junto con el personal del Decanato de Estudios Graduados e Investigación (DEGI) del recinto, dirigido por el decano interino Carlos González.

El equipo del DEGI que trabajó en el diseño del proyecto estuvo integrado por Mercedes Mónagas, Carmen Hernández y Adriana Morera. Las licenciadas Hernández y Rodríguez impartieron durante el verano en la Escuela de Derecho el curso de convicciones erróneas y ADN post sentencia.

“Esta subvención permitirá que se atiendan los reclamos de personas convictas que se beneficiarán de la la Ley 246 de 2015 sobre prueba de ADN post sentencia. De esta manera, estudiantes, profesores, así como voluntarios, atenderán, libre de costo, a esta población necesitada de ayuda para establecer la existencia de evidencia genética que les permita acogerse a los mecanismos dispuestos en la ley para un análisis de ADN que podría establecer su inocencia”, explicó Neptune.

Con esta iniciativa la Escuela de Derecho continuará brindando opciones de formación académica y práctica a sus estudiantes mientras sirve a una comunidad sin acceso a recursos económicos para allegar representación legal.

En el equipo también colaborará el profesor de la Escuela, José Nieto, y la Clínica de Asistencia Legal de la UPR atenderá los nuevos juicios que se concedan al amparo de la ley.

En Puerto Rico, antes del 29 de diciembre de 2015, no había un derecho a requerir la prueba de ADN.

Es con la Ley 246 del 2015, según enmendada por la Ley 73 del 2018 que se establece este derecho.

Se estima que al menos 4% de la población penal de Puerto Rico cualifique para revisión bajo esta ley.INS

lp