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San Juan, 18 oct (INS).- A diez meses de haberse comenzado a ocupar el complejo Las Gladiolas, solamente un ínfimo número de antiguos residentes han tenido la oportunidad de regresar.
Así lo aseguró la portavoz de los exvecinos del lugar,
Mirta Colón Pellecier, quien expuso que “luego de una ardua lucha donde se discutieron varios de los escenarios que en aquellos momentos entendíamos podían ocurrir con este tipo de desarrollo, el tiempo nos ha dado la razón”.
Agregó que “conociendo nuestros deberes y responsabilidades como residentes de programas subsidiados, es lamentable observar cómo quien no tiene el conocimiento adecuado lo es el desarrollador y la Administración de Vivienda Pública (AVP). Por un lado AVP queriendo hacer creer al pueblo que este tipo de desarrollo novel va dirigido a la integración de comunidades de diferentes estatus socioeconómico y, por el otro, lado el desarrollador que no orienta a su personal a los efectos de que éstos orienten a los nuevos inquilinos, lo que ha ocasionado un gran desbarajuste en la convivencia comunitaria”.
Aseguró que “como residentes y comunidad nuca nos hemos negado al cambio, nunca hemos resistido aquella reglamentación o ley dirigida a mejorar calidad de vida, no obstante, para los años ’80 y ’90 hubo una intención similar y el resultado fue obvio. En los lugares donde se construyó un residencial público cerca de una urbanización, llevo a esas comunidades a la construcción de altos muros y controles de acceso para según ellos de esta manera evitar los accesos”.
Para Colón Pellecier, “en estos nuevos proyectos existen unas realidades que no han salido a la opinión pública. La constante improvisación del Agente Administrador McCormack Baron Management (MBM), la falta de intervención de la AVP, nos ha obligado continuamente señalarle a la Administración cuales son las regulaciones federales que rigen en los programas subsidiados. Lamentablemente el factor económico es el que prevalece, reciben los proyectos sin haber cumplido con todo lo necesario para ser ocupados por seres humanos. Todo esto en vías de recibir ingresos de inmediato. No es responsabilidad nuestra que los Huracanes Irma y María nos hubieran afectado tan terriblemente. Nuestra seguridad no puede estar a merced de los intereses económicos del desarrollador”.
Detalló que “entre las situaciones suscitadas en estas comunidades se encuentran la falta de transparencia en la selección y ocupación de estas viviendas, los procedimientos disciplinarios son a discreción de la administración, lo que significa que no se atemperan a la falta y la medida disciplinaria dependerá de a qué programa de vivienda perteneces. A la fecha los postes de luz no han sido energizado, lo que incrementa la falta de seguridad que tienen los residentes de estos complejos”.
“Inclusive, como líderes hemos hecho gestiones al respecto y la respuesta ha sido que el desarrollador responsabiliza a la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) por haber pagado un servicio que no ha recibido y la AEE responde que los planos recibidos no se ajustan al lugar donde alegadamente hay que energizar. La situación se agudiza toda vez que el municipio no ha podido recibir las nuevas calles de este complejo ya que uno de los requisitos es que las mismas estén alumbradas. Al momento de que los residentes requieran servicios, si los proveedores o recursos no conocen donde estaban ubicadas Las Gladiolas o Puerta de Tierra se dificulta su ubicación, por ende, se atrasan todas nuestras gestiones. Como contrasta que uno de los proyectos los accesos peatonales de emergencia estén cerrados, sin acceso para los residentes y en otros abiertos”, acotó.
De acuerdo con la portavoz, “las únicas personas con acceso son los empleados de la administración, pero nos preguntamos qué ocurriría si Lilliam Pujals, gerente general de MBM en Puerto Rico, y quien reside en Puerta de Tierra, no estuviese en su apartamento y sucediera una emergencia. En plena temporada de huracanes se elevó la preocupación por la falta de un plan de emergencias y desalojo ante un evento atmosférico. La respuesta fue que se debe tener un plan personal como residentes y un seguro de vida y propiedad, toda vez que el seguro de la compañía no cubre ningún daño”.
Denunció, además, que “nos hemos encontrado con unidades con serios problemas de humedad y hongos que afecta de forma adversa la salud de muchos de los residentes. Con las constantes lluvias algunas de las calles en puerta de tierra se inundan, lo que les imposibilita el acceso a muchos residentes a su hogar, ante esta situación se a solicitado abrir los portones peatonales y la respuesta ha sido que permanezcan encerrados en su hogar. Es lamentable que habiendo facilidades que pueden ser habilitadas ante una emergencia, se prefiera mantenerlas cerradas e insinuarles a personas con impedimento que duerman en los pasillos”.
La vocera se mostró preocupada de que “en un país donde el discurso del gobierno es movernos hacia la energía renovable o ahorro de energía ante al grave problema de los cambios climáticos, ninguno de los equipos es de ahorro de energía, como se había planteado en reuniones previas con las comunidades”.
Aseguró que “en múltiples ocasiones hemos presentado recomendaciones dirigidas a mejorar nuestra calidad de vida, y las mismas han caído en oídos sordos. Esto no es una protesta es un llamado a que el Departamento de Vivienda (DV), la AVP, los Desarrolladores y a quienes administran viviendas subsidiadas cumplan con su deber ministerial. Hacemos un llamado a la gobernadora Wanda Vázquez Garced a que nos reciba en Fortaleza, toda vez que hace dos meses solicitamos una reunión. No podemos existir solo para que se soliciten fondos federales para nuestras comunidades, tenemos propuestas y como ciudadanos de este país exigimos el mismo derecho que otros sectores a ser escuchado”.INS
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