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San Juan, 16 oct (INDS).- El presidente de la junta de retiro de la Universidad de Puerto Rico (UPR), Eduardo Berríos Torres, acusó hoy que la institución educativa, con el aval de su junta de gobierno, se mantiene realizando la aportación patronal inferior a las estipuladas en los estudios actuariales, acción que afecta negativamente la solidez financiera de la UPR y del Plan de Retiro y su Fideicomiso.
Según Berríos Torres, la UPR continúa aportando un 14.57% desde el 1 de julio de 2015, dejando de aportar un total de 94 millones, según lo estipulado en los estudios actuariales.
Para 2019 le correspondía aportar 24.17%, equivalente a 153.6 millones.
Por otro lado, el presidente de la junta de returo señaló que acciones avaladas por la junta de gobierno de la UPR, como la política de congelación total de plazas vacantes por jubilación sin reposición y la reducción de la premisa de aumento de nómina a 0%, provocaron en 2018 un aumento en la deuda actuarial de la UPR con el Fideicomiso de Retiro de 371 millones.
“Es importante destacar que hasta el 2017 la deuda actuarial de la UPR reflejaba un patrón de reducción de 1,552 millones en el 2013 a 1,435 millones en el 2017”, dijo Berríos Torres.
Consignó que el 27 de marzo de 2019 la junta de gobierno de la UPR aprobó reducir la premisa actuarial de aumento de nómina a 0%.
“La decisión colocó la estabilidad financiera de la UPR en riesgo al incrementar su aportación patronal al Fideicomiso de Retiro a 150.6 millones anuales, cantidad cercana a los 161 millones requeridos por la Junta de Control Fiscal en el plan fiscal de la UPR (6 de junio de 2019). Cabe señalar que la Junta de Retiro no recomendó la reducción a 0%, sino reducirla gradualmente hasta llegar a un 1%, de forma que no pusiese en riesgo la estabilidad financiera de la UPR y porque la UPR continúa reclutando empleados”, expresó.
Agregó que en mayo de 2019, la junta de gobierno de la UPR aprobó la certificación 104, con la que canceló el método de amortización cerrada aprobado en la Certificación 146 (2014-15) y adoptó un nuevo proceso que establece que la UPR es responsable de calcular la aportación patronal que realizarán, eliminando la evaluación anual del Actuario del Sistema de Retiro.
Esta acción, afirmó Berríos Torres, causará un menoscabo de 207 millones al Fideicomiso e incrementará la deuda actuarial de la UPR con el Fideicomiso de Retiro.
Según informó el presidente de la junta de retiro, los pagos para el Plan de Retiro de la UPR consignados en los planes fiscales (2017 al 2019) que sometió la junta de gobierno de la UPR a la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), conscientemente eran inferiores a lo estipulado en el pagaré de la certificación de amortizar su deuda actuarial con el Fideicomiso de Retiro.
“La aportación patronal que le correspondía realizar a la UPR fluctuaba entre 84 millones, para el año 2019, y 94.5 millones, para el año 2023. Si la UPR y la junta de gobierno de la UPR hubiesen estipulado y aportado lo pactado en el pagaré de la citada certificación, jamás hubiesen llegado a los 161 millones que la Junta de Control Fiscal les está requiriendo en el plan fiscal certificado el 6 de junio de 2019”, informó el portavoz.
De igual forma, sostuvo que el plan fiscal certificado por la JSF incluye una de las alternativas que la junta de gobierno de la UPR “considera para reestructurar plan de retiro de la UPR: congelar del Plan de Retiro de Beneficios Definidos y adoptar un Plan de Retiro de Contribución Definida.
“Si la junta de gobierno de la UPR aprueba esta alternativa aumentará la deuda actuarial de la UPR considerablemente, se eliminarán las contribuciones de empleados-participantes y del patrono-UPR al fondo Fideicomiso del Plan de Retiro hasta su eventual insolvencia, se reducirá drásticamente la capacidad de pago del Fideicomiso y reducirá el rendimiento de la Cartera de Inversiones”, advirtió Berríos Torres.
Señaló, además, que “se espera que alrededor de 2,507 participantes activos, que ya tienen derecho a pensión, aceleren su fecha de retiro (jubilación temprana), lo que requerirá una mayor inversión de la UPR al pago de las pensiones y provocará que la responsabilidad de subsidiar el pago de la pensión de los pensionados de la UPR recaiga en el gobierno y los contribuyentes de PR”.
El presidente de la junta de retiro informó que el plan de pensiones de Retiro UPR es un plan maduro, en el cual el 75% de los participantes ostenta el derecho a recibir una pensión, lo que representará 300 millones anuales adicionales para el pago futuro de pensiones.
“La adopción de un Plan de Retiro de Contribución Definida, propuesto por la presidenta del Comité de Asuntos de Retiro de la JG-UPR, licenciada Zoraida Buxó, reducirá los ingresos del Fideicomiso y activará la jubilación temprana, lo que plantea la necesidad de subsidiar 500 millones en pensiones, cantidad que no podrá solventar ni la UPR ni el Fideicomiso del Retiro UPR”, aseguró.
Añadió que la junta de gobierno de la UPR “conoce el impacto real de Cerrar o Congelar el Plan de Retiro vigente y sustituirlo por un Plan de Retiro de Contribución Definida, a través del estudio actuarial que realizó la firma de actuarios del Sistema de Retiro, Cavanaugh McDonald, con fecha del 11 de enero de 2018. El estudio demostró que ambos escenarios incrementan la insolvencia y reducen la razón de cobertura (funding ratio) del Fideicomiso Retiro-UPR apoyando la amortización de la deuda actuarial de la UPR a 40 años. Además, se concluye en el estudio que amortizar la deuda actuarial de la UPR, mediante el método de financiación cerrada a 40 años, causará que el Fideicomiso del Retiro-UPR se quede insolvente en el año 2038 al cerrar el Plan de Retiro vigente o en el año 2043 si lo congelan”.
Conscientemente del impacto en la estabilidad financiera de la UPR y del Fideicomiso de Retiro, la junta de gobierno de la UPR “sigue ignorando las recomendaciones de su actuario y de la Junta de Retiro e insiste en reestructurar el Plan de Retiro de la UPR mediante la alternativa de congelar el Plan de Retiro vigente y sustituirlo por un Plan de Retiro de Contribución Definida, la cual surge del contrato por 500 mil que la licenciada Buxo le otorgó a la compañía BDO”.
Abundó que la junta de gobierno de la UPR, a través de la presidenta del Comité de Asuntos de Retiro, “intentó aprobar sin éxito el 29 de agosto de 2019 la alternativa recomendada por la compañía BDO de congelar el Plan de Retiro vigente y sustituirlo por un Plan de Retiro de Contribución Definida. Como resultado de este fallido intento, la junta de gobierno de la UPR aprobó encomendar a la junta de retiro ‘elaborar recomendaciones de ajustes a los beneficios del Fideicomiso del Retiro-UPR que contribuyan a lidiar con el reto que representa para la UPR, el cumplimiento de su deuda actuarial’”.
Recordó, a su vez, que l 7 de octubre de 2019 el Comité de Asuntos de Retiro de la junta de gobierno de la UPR, “sin la participación del Presidente de la Junta de Retiro, acordó nuevamente socavar las funciones y responsabilidades de la Junta de Retiro, en un claro ejercicio de vetar la evaluación de las alternativas identificadas por el comité Adhoc de la Junta de Retiro de la UPR en torno al futuro del Fideicomiso de Retiro de la UPR.
Indicó que el Comité de Asuntos de Retiro de la junta de gobierno de la UPR “tomó la decisión de, unilateralmente, restringir y estipular el alcance del análisis que la Junta de Retiro debe realizar, fundamentado en la recomendación del director del Sistema de Retiro.
Berríos Torres manifestó que la junta de retiro, en su reunión extraordinaria del 11 de octubre de 2019, aprobó solicitar al presidente de la junta de gobierno de la UPR, Walter Alomar Jiménez, su urgente intervención en prevenir que el Comité de Asuntos de Retiro de la junta de gobierno de la UPR entorpezca las funciones delegadas a la junta de retiro y que instruya cuanto antes a Buxó, presidenta del Comité de Asuntos de Retiro, un cese y desista de cualquier actuación dirigida a controlar y socavar las funciones y responsabilidades de esta Junta de Retiro.INS
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