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San Juan, 30 sep (INS).- El Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) reiteró hoy que el recorte de pensiones impuesto por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), y aceptado por la gobernadora Wanda Vázquez Garced, empobrece injustamente a los jubilados sin que represente un alivio real al problema de la deuda, a la vez que descarta la posibilidad de generar ingresos de fuentes ya identificadas, como la piñata de beneficios contributivos que significan para el país el dejar de percibir 20 mil millones cada año.
Ahí está el dinero para Centro Médico, para Educación Especial, para la Universidad y para las pensiones, dijo María de Lourdes Santiago, vicepresidenta del PIP.
“En primer lugar, hay que ver el acuerdo tan celebrado por muchos, en su justo contexto; los pagos a los que nos obliga el Plan de Ajuste atienden únicamente la deuda del gobierno central, por lo que se suma a los onerosos acuerdos de Cofina y de la AEE ya aprobados y, como han señalado economistas de renombre, sigue imponiendo una carga insostenible, que no vamos a poder pagar. Las renegociaciones no son el ‘fin de la quiebra’; son el empujón a una segunda quiebra”, indicó.
Mientras, el comisionado electoral alterno, Adrián González, señaló que, aun dentro del complejo escenario fiscal, existen iniciativas que pudiera asumir el gobierno de Puerto Rico, que inexplicablemente han descartado.
“Hacienda ha aceptado que cada año conceden $20,614 millones en incentivos, exenciones y créditos contributivos, de los cuales $16,000 son a corporaciones. Con la recuperación de apenas un 10% de esa cantidad, el País no tendría que recurrir a medidas de austeridad como el recorte de pensiones. Pero el PNP, como el PPD en el pasado, prefieren proteger esos intereses antes que garantizar los derechos de los jubilados”, puntualizó González.
Los portavoces legislativos del PIP anticiparon que se opondrán a toda iniciativa legislativa que pretenda viabilizar el recorte de pensiones.
El senador Juan Dalmau catalogó el plan de ajuste fiscal como un “atropello criminal, que penaliza a quienes menos culpa tienen mientras protege a los especuladores buitres y a los funcionarios responsables de la deuda”.
Por su parte, el portavoz en la Cámara, Denis Márquez, acusó que el plan también incluirá un recorte de 7,300 millones para acreedores no asegurados como pequeños y medianos comerciantes puertorriqueños suplidores del gobierno y sentencias adjudicadas contra el ELA por violación de derechos civiles y laborales.
“Son miles de millones de dólares que no hay duda de que se le deben a puertorriqueños que proveyeron bienes y servicios o que sufrieron daños causados por el Estado, pero terminarán cobrando menos que ciertos especuladores”, manifestó.INS
lp