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Santa Isabel, 27 sep (INS).- El alcalde de Santa Isabel, Enrique Questell Alvarado, anunció que el director de la Oficina de Auditoría Interna del Centro de Recaudaciones de Impuestos Municipales (CRIM), Carlos García Rosado, emitió un informe que pone punto final a la controversia surgida tras el cierre de una rampa que da acceso al mar en el barrio Playa del municipio de Santa Isabel y su titularidad.
El informe número OAI-Q-19-014 determina que la rampa ubica en terrenos pertenecientes a la corporación Aquamak desde 1984.
“Luego de que un grupo de personas con intereses políticos me imputaran falsamente haberme apropiado de unos terrenos que, según ellos, pertenecen al Municipio de Santa Isabel, solicité a las agencias correspondientes que intervinieran y pasaran juicio sobre esas alegaciones. Estas imputaciones deben ventilarse en los foros correspondientes y no en las redes sociales. Por eso hemos aguardado en silencio todo este tiempo hasta que una entidad objetiva y con jurisdicción emitiera una opinión al respecto”, explicó el alcalde.
Añadió que “durante los 14 años que he tenido el privilegio de ser Alcalde, unos pocos han intentado todo para tratar de minar mi credibilidad pero mis acciones a favor de nuestra gente buena de Santa Isabel han hablado mas fuerte que las mentiras de mis detractores. Sigo aquí gracias a la confianza de nuestro pueblo. En otro intento por desestabilizar mi gestión aprovecharon un asunto de seguridad ciudadana tras el paso del huracán María para politiquear y volver a mentir sobre mis procederes”.
Según el primer ejecutivo municipal, “siempre hemos estado a favor de cualquier investigación de hechos, con pruebas y legal que arroje claridad al pueblo santaisabelino. Mi compromiso es con el Pueblo de Santa Isabel, defender los derechos y propiedades que le correspondan en ley sin pasar por encima de ningún ciudadano y/o propietario legítimo”.
El Centro de Recaudaciones de Ingresos Municipales, tras evaluar documentos oficiales, revisar datos registrales del Departamento de Justicia, el Registro de la Propiedad Inmueble de Puerto Rico y verificar procedimientos mediante entrevistas e inspección de documentos, concluyó que desde 1967 hasta 1984, cuando fue adquirida por Aquamak, los terrenos en donde ubica la rampa nunca pertenecieron al municipio de Santa Isabel.
Debido a esto, “no se sostienen las alegaciones de posible apropiación por parte del alcalde”, según cita el informe de unas 30 páginas que incluyen evidencia documental y fotos.
Tampoco se sostienen las alegaciones de intervención indebida por parte del personal del CRIM para favorecer al alcalde en el proceso de reagrupación de las fincas.
“No soy yo quien tiene que hablar por la corporación, he sostenido este punto una y mil veces. Como administrador responsable de mi pueblo era necesario cerrar un acceso que representaba un riesgo para todos los ciudadanos y así procedí luego de informar a la Corporación. Es un asunto estrictamente de seguridad y así se atendió”, aseguró Questell.INS
lp