San Juan, 20 sep (INS).- Con el fin de fomentar la inversión de pequeños y medianos comerciantes en Puerto Rico, la Cámara de Representantes aprobó una medida para enmendar la «Ley para la Reforma del Proceso de Permisos de Puerto Rico», que propone acelerar los procesos de evaluación y otorgamiento de permisos y recomendaciones comerciales.
Las enmiendas contenidas en el proyecto de la Cámara 2026, de la autoría del presidente de la Cámara Carlos Méndez Núñez y el representante Nelson del Valle Colón, incluyen además los permisos de uso condicional a individuos o pequeñas y medianas empresas para el establecimiento, extensión y operación de ciertos negocios o usos que sean compatibles con la calificación que ostenta el predio y permisos de uso automáticos.
A esos efectos, se especificarán correcciones técnicas en la ley.
Según establecen ambos Legisladores en la pieza, «para lograr el cometido de fomentar la inversión de pequeños, medianos y grandes empresarios y desarrolladores, se debe establecer un balance entre los sectores económicos, sociales y la organización de su espacio físico. Una de las herramientas fundamentales en la obtención de ese balance es el sistema de evaluación y tramitación de permisos para el desarrollo, así como el uso de terrenos y propiedades».
Además, también se concurrió con el proyecto de la Cámara 1382, de la autoría de la representante María Milagros Charbonier Laureano, que enmienda la Ley 207 de 2007, que facilita el proceso de pago mediante todas las principales tarjetas de crédito válidas o reconocidas en Puerto Rico, de diversos derechos ante las agencias, organismos, departamentos, y entidades gubernamentales por parte de los ciudadanos para completar algún trámite administrativo, tales como copia de planillas, copia certificada de ciertos documentos, renovaciones de licencias profesionales, procedimientos ante los Tribunales de Justicia, certificado de antecedentes penales, entre otros.
La pieza expone que transcurridos diez años desde que fuera aprobada la Ley 207 de 2017, aún en las colecturías de rentas internas y en otras oficinas gubernamentales designadas para vender algún servicio, cargo o derecho, no se aceptan las tarjetas de crédito como método de pago.
«Lo anterior, repercute adversamente en contra de la política pública gubernamental que profesa que el Departamento de Hacienda tiene que desarrollar, diseñar e implantar, por sí mismo o con la asistencia de cualquier entidad pública o privada, un sistema de compraventa electrónica de comprobantes o sellos para cualquier transacción que se realice con el Gobierno de Puerto Rico. Y que en la misma se cuente con un sistema de pago electrónico que aceptará que se emita el pago mediante todas las principales tarjetas de crédito válidas o reconocidas en Puerto Rico», expone en el proyecto de ley Charbonier Laureano.INS
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