P. Rico-Agrupación Empresarios por PR rechaza fusión entre las principales empresas de servicio en los muelles y llaman a gobernadora y Justicia a actuar con urgencia sobre el asunto

San Juan, 19 sep (INS).- La agrupación Empresarios por Puerto Rico, organización que representa industrias diversas de capital nativo y que en conglomerado aportan más de 4.5 mil millones a la economía del país, rechazó hoy la fusión entre las principales empresas de servicio en los muelles y llamó a la gobernadora Wanda Vázquez Garced y a Justicia a actuar con urgencia sobre el asunto.

La presidenta de la organización, Enid Monge, calificó la transacción de “muy delicada y peligrosa”, y aseguró que tendría el efecto “de conformar un monopolio en un servicio esencial para el país, como lo es la entrada de productos a la isla. Igualmente, hará menos competitivo al sector empresarial, ya que su inventario y precios dependen de los costos asociados al acarreo de los productos”.

A través de este acuerdo las dos principales empresas de servicios en Puertos, Tote y Luis Ayala Colón, se fusionarían bajo la empresa Puerto Rico Terminal (PRT), quedando el manejo de la carga marítima de la isla en manos de dos empresas navieras, PRT y Crowley, y mediante la cual PRT tendría el control del 80% de la carga marítima y Crowley mantendría el 20% de este mercado.

“Este tipo de transacciones son delicadas dado a que somos una isla que dependemos casi en un 100% de los productos importados: alimentos, medicamentos, materiales de construcción, materiales de primera necesidad, por mencionar algunos, dependen casi en su totalidad de la entrada a través de los muelles. Ante esta realidad, el servicio de carga y toda actividad o transacción relacionado al servicios en los muelles, resultan de gran relevancia. El gobierno debe entender que este es el pedazo de tierra más importante en Puerto Rico, puesto que de éste depende la estabilidad alimentaria, la salud de miles de ciudadanos, y nuestra economía en general”, dijo Monge.

Asgregó que “partiendo de esta realidad, el gobierno no solo posee un interés apremiante en el tema, sino que tiene una responsabilidad indelegable de supervisar y salvaguardar que toda transacción que se lleve a cabo, sea entre entidades privadas o no, cuente con una evaluación responsable de impacto y evite violaciones a las leyes antimonopolísticas. Son transacciones que deben de contar con la mayor transparencia”.

Los mayoristas de alimento también levantaron su voz de alerta.

El empresario Carlos Toro, presidente de Oscar Cash & Carry, expuso que estas empresas llevan a cabo una función del que depende toda la población.

“Esto se complica cuando tomamos en consideración que en Puerto Rico tenemos el impuesto al inventario, lo cual hace todo más costoso para el consumidor y evita que los comercios tengan un inventario amplio de mercancía. El gobierno tiene el rol muy importante en salvaguardar una competencia justa y leal, en especial cuando se trata de asuntos relacionados al acarreo marítimo. Consideramos, que esta transacción es muy peligrosa y amerita una evaluación detenida. Al final, el efecto que está transacción tenga en la economía y en el futuro de Puerto Rico será responsabilidad del gobierno. Como sector empresarial nos compete alerta”, manifestó.INS

lp