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San Juan, 10 sep (INS).- La Comisión de Hacienda del Senado evalúa la resolución del Senado 5, de la autoría del senador independentista Juan Dalmau Ramírez, que busca se investigue el cumplimiento del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) y el Departamento de Hacienda con la “Ley de Incentivos Económicos para el desarrollo de Puerto Rico”.
La norma requiere la presentación de informes periódicos sobre distintos aspectos de la ley y la creación de un Fondo Especial para el Desarrollo Económico aprobada el 18 de enero de 2017, a los fines de establecer que la Comisión de Hacienda pueda someter informes parciales con sus hallazgos, conclusiones y recomendaciones, y un informe final en la séptima sesión ordinaria de la presente Asamblea Legislativa.
Sobre el asunto, y en una audiencia pública ayer, se citó al Departamento de Hacienda, que a través de Nilda Gago, asesora legal de la agencia, y Alfonso Rossie, en representación del secretario Francisco Parés Alicea, aseguraron que están en cumplimiento con la ley y anualmente se presentan los informes. “En cumplimiento con la referida ley, anualmente el Departamento de Hacienda prepara este informe a base de información recopilada de las planillas de contribución sobre ingresos radicadas por los negocios acogidos a las leyes de Incentivos Contributivos. Dicho informe es sometido por el Secretario de Hacienda a los presidentes de la Cámara y el Senado, según requerido por ley”, dijo Rossie.
Luego de una revisión y con informes en mano, la presidenta de la Comisión de Hacienda, Migdalia Padilla Alvelo, corroboró que efectivamente, tanto Hacienda como el DDEC, estaban en cumplimiento.
“Ambas agencias han estado cumpliendo a cabalidad con la ley. Pero voy a solicitarle a la Junta de Planificación que se exprese sobre esta resolución, además le solicitaremos al CRIM para que haga lo propio con los municipios. Me gustaría saber de ellos (o sea el CRIM) como se tramita este proceso o si es el DDEC quien trabaja esto con los ayuntamientos”, dijo la presidenta de la Comisión, Migdalia Padilla Alvelo.
Ante preguntas de la senadora Padilla Alvelo sobre la reacción de las empresas a estos incentivos o decretos, Gago aclaró que quien otorga los mismos es el DDEC y no Hacienda.
Mientras, el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) también aseguró estar en cumplimiento de los incentivos aprobados desde el año fiscal 2016-2017 en adelante.
Según Gabriel Maldonado en representación del decretario del DDEC, Manuel Laboy, en el año fiscal 2016-2017 se sometieron un total de 76 solicitudes de incentivos bajo la Ley 73 de 2008 y se aprobaron 46.
En el año fiscal 2017-2018 se presentaron 73 solicitudes mientras que para el año fiscal 2018-2019 se sometieron 107 y se aprobaron 55.
“El paso de los huracanes Irma y María no impactó significativamente el número de radicaciones de solicitudes de incentivos bajo la Ley. Particularmente, durante el año 2017 se radicaron un promedio de 3.16 solicitudes mensuales. Durante los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre del 2017 se radicaron 1, 3, 2 y 9 solicitudes respectivamente para un promedio de 3.75 solicitudes durante los meses de septiembre a diciembre de 2017”, explicó Maldonado.
A su vez informó que, a partir del año 2017, las presentaciones de solicitudes de incentivos bajo la Ley antes mencionada, han aumentado consistentemente.
“Como cuestión de hecho, durante el año 2018 recibimos un total de 109 solicitudes, más que en cualquier otro año natural desde al menos el 2013. Asimismo, informamos que durante el 2018 aprobamos 84 decretos de incentivos. Esto son indicios positivos. Demuestra que Puerto Rico está abierto para hacer negocios y son muchas las empresas e industrias que así lo creen. Cabe mencionar que en lo que va del año 2019 hemos recibido 55 solicitudes y hemos aprobado 41”, recalcó.
Maldonado expuso que el secretario del DDEC podrá llevar a cabo cualquier investigación que entienda necesaria con relación a las operaciones de concencionario de incentivos, así como examinar documentos, citar testigos y solicitar informes bajo juramento, a los fines de evaluar y asegurar que las actividades se están llevando a cabo de acuerdo a la concesión y lo actuado con el Gobierno.
Además, consignó que la ley le exige a cada beneficiario presentar al DDEC un informe anual que debe reflejar el cumplimiento con los términos y condiciones establecidos en el decreto, así como cualquier otra información o documentación a ser requerido.
En caso de que una persona deje de presentar un informe anual, según requerido, lo presente tardíamente o incompleto, el secretario del DDEC podrá imponerle una multa de hasta 10,000 dólares.INS
lp