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San Juan, 10 sep (INS).- La Comisión de Agricultura, Recursos Naturales y Asuntos Ambientales, presidida por el representante Joel Franqui Atiles, inició el estudio del proyecto de la Cámara 138, para crear la “Ley para la prohibición del uso del glifosato en el desyerbado de autopistas, carreteras, avenidas, calles y caminos estatales o municipales, canales de riesgo y cualquier propiedad pública”.
La legislación, de la autoría del representante Denis Márquez Lebrón, busca eliminar el uso del glifosato en las entidades gubernamentales, siendo uno de los herbicidas más utilizado y, a su vez, polémico.
El interés es que “el Estado no continúe actuando, a conciencia, como un agente que contribuye a la exposición de la ciudadanía a un probado elemento tóxico”, señala la medida.
El proyecto de la Cámara 138 fija que cualquier persona que viole esto incurrirá en un delito menos grave y conllevará una multa no menor de cinco mil dólares o una pena de cárcel de seis meses.
En una audiencia pública ayer, el secretario del Departamento de Agricultura (DA), Carlos Flores Ortega, quien reconoció que existe “cierta preocupación por el sobreuso de este producto en Puerto Rico”.
Sin embargo, mostró reservas en la aprobación de la medida, ya que “prohibir el uso de este producto en propiedades públicas tendría consecuencias de impedir cultivos agrícolas” y podrían verse afectadas las investigaciones en las Estaciones Experimentales y los cultivos en fincas de propiedad pública.
Como parte de las recomendaciones, Flores sugirió a que “se reenfoque y se enfatice” la educación y se oriente sobre el uso apropiado de glifosato y otros plaguicidas en vez de la prohibición del uso.
De igual forma, expuso sus comentarios el doctor Wilfredo Robles, catedrático y decano asociado de la Estación Experimental Agrícola de la Universidad de Puerto Rico (UPR), quien mencionó que se “debe tener mucho cuidado con estas determinaciones de la Agencia Internacional contra el Cáncer (IARC, siglas en inglés) y repensar por qué la comunidad científica y la Agencia de Protección Ambiental (EPA) no apoyan dicha determinación”.
Esto, en referencia a los recientes informes de la European Food Safety Authority (EFSA) y del World Health Organization (WHO) que contradicen la determinación de la IARC que cataloga el producto como una sustancia probablemente carcinogénica a los humanos.
Márquez Lebrón manifestó preocupación por el vínculo del glifosato con las enfermedades como el cáncer y de la constancia sobre el uso indiscriminado del mencionado químico: “Esto es una preocupación de mucha gente en Puerto Rico. Yo no radico legislación porque me da la gana, es porque tengo una preocupación sobre el tema”, añadió el legislador y portavoz del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP).
Mientras, el secretario del DA aseguró que como agencia no promueven ningún plaguicida, pese a que a través del Laboratorio Agrológico del DA se regula la venta y el uso de estos en la Isla.
Seguido, la licenciada Miriam Stefan, ayudante especial de Asuntos Legislativos del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), respaldó la legislación por tener la intención de “proteger la salud y el medio ambiente”.
La funcionaria afirmó que, de aprobarse el proyecto de ley, tomarán las medidas necesarias para velar el fiel cumplimiento, tanto por parte de las brigadas como de los contratistas que prestan servicios para el mantenimiento de áreas verdes.INS
lp