P. Rico-Rechazan acuerdo de empresas navieras

San Juan, 6 sep (INS).- El vicepresidente ejecutivo de la Cámara de Mercadeo, Industria y Distribución de Alimentos (MIDA), Manuel Reyes Alfonso, indicó que la Federal Maritime Commission (FMC, siglas en inglés) emitió comentarios reprobando el acuerdo cooperativo de las compañías marítimas Luis Ayala Colón (LAC) y Puerto Rico Terminal (PRT), afiliada a Tote Maritime.

“La Comisión Federal Marítima no aprobó este acuerdo ni tampoco argumentó que tiene jurisdicción exclusiva”, precisó Reyes Alfonso al objetar el contrato cooperativo.

Las expresiones se vertieron ayer como parte de una audiencia pública que realiza el representante y presidente de la Comisión de Relaciones Federales, Internacionales y Estatus, José Aponte Hernández, en torno a la resolución de la Cámara 55.

La pieza legislativa, de la autoría del presidente cameral Carlos Méndez Núñez y Aponte Hernández, busca investigar el pacto cooperativo sometido por estas empresas navieras a la FMC, que representa un monopolio.

Reyes Alfonso manifestó que “la FMC dice que no están seguros si tienen jurisdicción y deja la puerta abierta para que otras entidades, entiéndase el Departamento de Justicia (DJ), la Asamblea Legislativa y como la propia Autoridad de Puertos (AP) tomen, de alguna forma, acción sobre el asunto”.

Además, aseguró que para la FMC “el tema no está cerrado y están evaluando otras alternativas para que los consumidores no se vean afectados”.

Jorge Argüelles Morán, presidente del Centro Unido de Detallistas (CUD), rechazó también el acuerdo colaborativo de ambas compañías navieras.

“Nos oponemos contundentemente esta fusión con vicios de monopolio que se pretende entre Tote y Empresas Luis Ayala Colón”, señaló.

El principal ejecutivo de la CUD planteó que “la fusión que se proponen realizar las empresas marítimas Tote y Ayala Colón les concedería prácticamente el control absoluto de la carga en los muelles de San Juan y Ponce, inclinando la balanza dramáticamente hacia sus mejores intereses. Consideramos que esta sería una política pública errada del Gobierno, pues perdería el control de sus dos principales puertos marítimos”.INS

lp