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San Juan, 30 ago (INS).- La Comisión de Turismo y Bienestar Social, presidida por el representante, Néstor Alonso Vega, analizó en una audiencia pública el proyecto de la Cámara 1299, que pretende crear la “Ley de Descuento a las Personas con Impedimentos en los Establecimientos de Expendio de Comida”.
La medida busca que todo establecimiento de comida rápida, restaurantes, cafeterías y cualquier otro local de expendio de comida otorguen un descuento del 25 por ciento a las personas con impedimentos que así se identifiquen.
El lenguaje de esta pieza legislativa, de la autoría del representante Alonso Vega, establece que según una encuesta llevada a cabo por el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos en 2012, la mayor parte de las personas con impedimento se encontraban fuera de la fuerza laboral (290,000).
La cantidad representaba el 15.1 por ciento del total de personas fuera de la fuerza laboral en Puerto Rico.
Según la medida, este panorama ha empeorado junto a la sombría situación económica de la Isla, lo que deja a esta población en una gran vulnerabilidad ya que a pesar de que 15,000 personas con impedimentos indicaron que están capacitadas para trabajar, solo 10,000 están empleadas.
“Esto demuestra que aún existe prejuicio en contra de las personas que sufren algún impedimento aunque estén aptas para trabajar, es decir, son personas con impedimentos cualificadas”, dijo el representante.
A la audiencia pública de ayer compareció Ileana Rodríguez, asesora legal de la Defensoría de las Personas con Impedimentos.
La funcionaria calificó el proyecto de “loable” y recomendó enmiendas para que se le otorgue un subsidio “a todo establecimiento de comida que ofrezca un descuento a la población con impedimento, sujeto, claro está, a la presentación de evidencia fehaciente sobre el particular”.
Asimismo, sugirió que de ser aprobado el descuento sea de un diez por ciento, ya que el comerciante podría aumentar sus costos para paliar esta posible pérdida.
Jesús Vázquez Rivera, presidente electo del Centro Unido de Detallistas (CUD), mostró reservas sobre la medida, a la vez que exhortó que se enmiende la legislación para no cobrar el Impuesto de Venta y Uso (IVU) a esta población para estimular que asista a los negocios.
Vázquez Rivera explicó que conceder un descuento, sea de 25 por ciento o de cualquier cantidad, provoca que los medianos y pequeños comerciantes hagan una inversión para atraer un cliente, lo que es un golpe a las ya mermadas ganancias.
Mientras, José Salvatella, presidente de la Asociación de Restaurantes de Puerto Rico (ASORE), describió que el proyecto podría tener “visos de inconstitucionalidad, porque se traduce en una intervención indebida del Estado en la empresa privada”.
El deponente puntualizó que esta propuesta trae gran preocupación a la ASORE debido a que “pretende dictar cómo los negocios dedicados a la venta de comida preparada deben establecer sus precios y a quiénes otorgar descuentos, lo que altera el equilibrio natural de oferta y demanda que rige estos comercios”.
Manifestó que luego de una investigación realizada por esta organización, no existe en ningún país una ley o reglamento que se asemeje a lo propuesto en el proyecto, lo que sí se refleja es que los descuentos otorgados son por parte del Estado, siendo esta su recomendación.INS
lp