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San Juan, 1 ago (INS).- La Junta de Planificación (JP) está en un proceso “acelerado” de “destruir” reservas agrícolas, el plan de protección del karso, el Plan de Usos de Terrenos (PUT), Castañer, áreas sensitivas de Adjuntas, Picúa, Cañón de San Cristóbal, Mar Chiquita, entre otros lugares
Así lo sostuvieron diversas organizaciones que luchan por la protección del ambiente, que indicaron además que los nuevos distritos de calificación que la JP busca aprobar “a toda prisa y desordenadamente” causarán daños graves al bienestar y tranquilidad de barrios y urbanizaciones en Puerto Rico, además de eliminar o afectar seriamente reservas agrícolas y reservas naturales de alto valor productivo o ecológico, como la reserva del Valle de Lajas y el karso.
Las organizaciones llegaron a estas conclusiones luego de examinar las implicaciones de los cambios en los usos de terrenos que propone la JP “sin transparencia y sin que el país pueda percatarse de lo que se hace”.
Según dijeron, la JP ya terminó el proceso de vistas públicas, conforme lo que establece el Reglamento Conjunto para la Evaluación y Expedición de Permisos Relacionados al Desarrollo, Uso de Terrenos y Operación de Negocios.
No obstante, expusieron que la agencia realizó las vistas públicas en las dos semanas donde la mayoría de las personas no están disponibles y con el país sumido en una crisis política que acaparó los medios de información.
“El proceso de comentarios ha estado colmado de irregularidades. La JP no concedió el tiempo adecuado para poder aquilatar los cambios de usos de terrenos que se quieren imponer, no llevó a cabo el proceso de notificación a las comunidades sobre los cambios de usos en sus vecindarios como corresponde en ley y no se realizó ningún memorial explicativo”, afirmaron.
Agregaron que “se está derogando parcialmente el PUT, aprobado luego de años de trabajo, se están imponiendo ordenamientos territoriales, y enmendando el plan del karso, planes sectoriales, planes especiales, planes municipales y planes de área y ensanche en Puerto Rico sin justificación ni consistencia, sin los procesos administrativos que exige la ley ni la debida participación ciudadana. Estos cambios, partiendo desde el argumento de que son una equivalencia, comprenden de manera expedita y sin fiscalización una transformación radical de la planificación de Puerto Rico”.
“Es por tal razón que denunciamos que la JP se excede en sus facultades al presentar este Mapa de Calificación de Puerto Rico y señalamos que la ciudadanía no ha tenido la oportunidad de participar del proceso y comentar los documentos con el debido conocimiento y transparencia que amerita”, afirmaron en declaraciones escritas.INS
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