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Santo Domingo, 31 jul (INS).- El Tribunal Constitucional (TC) anuló mediante una sentencia el artículo 284, numeral 18 de la Ley Electoral, que establece una pena de tres a diez años de prisión a las personas que incurran en delitos de difamación contra los candidatos políticos a cargos electivos.
El artículo, declarado inconstitucional, establece que “serán castigados con penas de 3 a 10 años de prisión los que violen las normas constitucionales, éticas y legislativas sobre el uso de los medios de comunicación impresos, electrónicos y digitales, elaborando, financiando, promoviendo o compartiendo campañas falsas o denigrante con piezas propagandísticas y contenidos difamantes o injuriosos contra el honor y la intimidad de candidatos o del personal de las candidaturas internas u oficiales de los partidos, movimientos, o agrupaciones participantes en los procesos electorales”.
A principios de junio pasado la Fundación Prensa y Derecho, que preside el abogado y periodista Namphy Rodríguez, elevó un recurso por ante ese tribunal para que fuera dejado sin efecto el citado reglamento, sobre la base de que dicha disposición legal al imponer penas privativas de libertad por compartir propaganda que afecta a un candidato, “desnaturaliza el ejercicio del libre acceso a la información y limita irrazonablemente y desproporcionadamente la libertad de expresión y difusión del pensamiento”.
Rodríguez calificó la sentencia como “otra victoria de la sociedad dominicana, para erradicar el virus de la censura que se impone a través de leyes penales que criminalizan la libertad de expresión”.
Dijo que la decisión lo que hace es reivindicar el derecho que tienen los ciudadanos a criticar a los políticos y a quienes ejercen o pretenden ejercer función pública.
“En este caso la Ley 15-19 de Régimen Electoral, había ideado un tipo penal que se puede describir como una verdadera mordaza a la libertad de expresión, porque criminalizaba hasta con 10 años de reclusión a las personas que pudieran emitir juicios que afectaran candidatos políticos”, agregó Rodríguez.
Dijo que quienes hacen política y ejercen función pública, deben estar más expuestos a la crítica de la ciudadanía que el resto de la población, y que es una práctica recurrente del populismo penal del legislador dominicano, de desnaturalizar los delitos de difamación e injuria y exacerbar sus penas cuando se trata de políticos, creando delitos especiales para proteger su honra.
En septiembre del año pasado, Rodríguez junto al periodista Héctor Herrera Cabral interpusieron un recurso de inconstitucionalidad para anular las disposiciones de dicha norma jurídica que creaban un “delito especial” sancionable con penas de un año de prisión y multas de hasta quinientos salarios mínimos a las personas que a través de las redes sociales divulgaran ideas, opiniones y mensajes negativos sobre un precandidato. INS
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