P. Rico-Jubilados marchan en Plaza las Américas en defensa de sus pensiones

San Juan, 31 jul (INS).- Los pensionados de distintas agencias del gobierno marcharon hoy en el centro comercial Plaza Las Américas.

Los manifestantes alertaron ante el riesgo que corren las pensiones y emplazaron a la legislatura para que atienda los reclamos de los jubilados, tomando en cuenta las particularidades de cada sistema de retiro.

En el caso del retiro de maestros, los jueces y el del nivel central, el gobierno dejo de hacer sus aportaciones.

Finalmente, fueron eliminados bajo la Ley 106 de 2017.

Esta ley lleva a este grupo de pensionados a cobrar sus pensiones del Fondo General, administrado por el Departamento de Hacienda de un país en quiebra, bajo el Titulo III de la Ley Promesa, administrada por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF).

Según los pensionados, el gobernador saliente y la legislatura actual plantean de boca que no van autorizar reducción a las pensiones. Mientras tanto, la Junta llegó a un acuerdo preliminar con el Comité Oficial de Retirados (COR) para recortar el 8.5% a las pensiones mayores de 1,200 dólares.

“Estamos haciendo un llamado a todos los jubilados y jubiladas para que se unan al Frente en Defensa de las Pensiones y voten contra de este acuerdo. Exigimos a la Legislatura una enmienda a la Ley 106 para que en cada año fiscal se separe la suma de 2.3 billones, (monto total de las pensiones de jueces, maestros y retirados del nivel central) para que pasen a un pote separado del resto de las obligaciones generales del gobierno. Solicitamos también mediante un proyecto de ley que ese fondo sea administrado mediante un Fideicomiso y que los miembros de su junta de directores sean elegidos por los participantes del mismo”, dijeron.

Asimismo, pidieron que se aumente el impuesto a las ganancias de las empresas foráneas del 4% al 10%.

Todas estas medidas legislativas van dirigidas a crear un Sistema de Retiro Unificado.

En el caso de los sistemas de retiro de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y de la Universidad de Puerto Rico (UPR) sostuvieron que el gobierno, “en crasa violación a los acuerdo ya sea por convenio colectivo como el caso de la AEE o por ley habilitadora en el caso de la UPR, sigue el mismo patrón de no cumplir con sus obligaciones contractuales. Con el tiempo que ha dejado de hacer sus aportaciones patronales a la AEE le debe 250 millones y a la UPR le debe alrededor de cuatro billones. Esto provoca que las administraciones de los sistemas entren en actividades administrativas de emergencias para cumplir con sus obligaciones con los pensionados, como es la venta de activos, arriesgando sus finanza y poniendo en precaria su situación económica. Mientras, crece el riesgo del pago de las pensiones de este grupo de jubilados. Ambos sistemas y sus juntas están dando sus luchas legales y denuncias públicas para que el gobierno cumpla con su responsabilidad y resolver el problema económico de estos”.

Los pensionados recalcan la importancia de definir como servicios esenciales salud, seguridad, educación y las pensiones.

“Solo falta voluntad legislativa para que los jubilados sean considerados acreedores asegurados y sean protegidos en el grupo de los más vulnerables como establece la Ley Promesa”, manifestaron.INS

lp