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San Juan, 26 jul (INS).- Ante la coyuntura histórica que enfrenta la Isla y su gobierno, el Colegio de Contadores Públicos Autorizados (CCPA) presentó hoy una serie de recomendaciones para evitar la corrupción y asegurar transparencia en la contratación de servicios.
Según explicó la presidenta del CCPA, Cecilia Colón Ouslán, un estudio sobre fraude realizado en 2018 por el CCPA y publicado en agosto de 20180 0jo el título “Retrato del Fraude en Puerto Rico-Estudio 2018”, reveló que el sector con mayor incidencia de fraude fue el gobierno, seguido por la industria financiera.
“Según este estudio, el costo del fraude a nivel de gobierno se estima en aproximadamente $.6 millones. La mayoría de estos casos ocurren en oficinas administrativas, donde el esquema más utilizado para cometer estos actos es mediante la creación de documentos físicos fraudulentos y la alteración de documentos”, explicó Colón.
Por esto, el CCPA presentó algunas propuestas y recomendaciones para sanear, no solo las instituciones gubernamentales, sino también al sector privado.
“Para lograr que haya un proceso transparente, el gobierno debe establecer requisitos mínimos para las corporaciones interesadas en ofrecer servicios como, por ejemplo: años de creación, conocimiento técnico y experiencia sobre los temas contratados de la corporación y/o sus dueños. Asimismo, los jefes de las agencias que reciban cabilderos o gestores en sus agencias deberían informar o llevar registros de esas reuniones a través de un portal gubernamental. Además, se debe prohibir el pago de comisiones por la contratación en proyectos o consultorías con fondos públicos. De esta manera, aseguramos mayor transparencia”, aseguró Colón.
Asimismo, la presidenta del CCPA propuso que “los procesos de subasta consistan en un sistema de dos rondas. Una, en la que se evalúen las cualificaciones de los proveedores o la calidad del producto y, la segunda, donde las entidades cualificadas compitan en una subasta abierta. De no otorgarse al mejor postor, debería justificarse y estar sujeto a revisión independiente antes de otorgar el contrato”.
También mencionó la importancia de establecer criterios más claros y estrictos para limitar las circunstancias en las que se permite la contratación de servicios sin solicitud de propuesta (RFQ o RFP, siglas en inglés).
Indicó la necesidad de prohibir la contratación de funcionarios no reelectos por agencias de gobierno, municipios o legislatura durante el cuatrienio siguiente al cuatrienio en que terminaron sus funciones.
En cuanto a la contracción de familiares de candidatos electos y jefes de agencias, se debe establecer un procedimiento en el que sea obligatorio obtener una dispensa por escrito de la Oficina de Ética Gubernamental para dicho contrato, luego de que se evalúe la experiencia del proveedor del servicio y necesidad de dicho contrato.
La presidenta del CCPA propuso también que el gobierno establezca un sistema de “hotline” para recibir confidencias de forma anónima dándole una garantía al confidente de que su identidad será protegida y no divulgada.
La existencia y confidencialidad de este “hotline” debe ser anunciado recurrentemente, y el proceso de evaluación de las llamadas recibidas debe estar sujeto a revisión de la OIG o de la Oficina del Contralor, con el fin de asegurar que se toma acción adecuada sobre cada confidencia.INS
lp