Inter News Service Agencia de Noticias
San Juan, 23 jul (INS).- El Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico (Caapr) repudió hoy el uso de gases y materiales químicos contra los manifestantes que exigen la renuncia a la gobernación de Ricardo Rosselló Nevares, así como la determinación unilateral de la Policía de establecer la hora de concluir “un evento público legítimo de protesta ciudadana”.
“Las instrucciones de lanzar gases lacrimógenos a la población con el único fin de dar por terminada, de manera ilegal, una manifestación legítima de repudio al gobernador, constituye una violación a los derechos de libertad de expresión y asociación, y promueve una política pública antidemocrática muy peligrosa. La Policía no puede atribuirse el derecho que le pertenece al Pueblo”, sentenció Edgardo Manuel Román Espada, presidente del CAAPR.
Al concluir ayer una histórica manifestación en el expreso Las Américas, en la que sobre 500,000 personas exigían la renuncia de Rosselló Nevares, cientos de personas se dirigieron a las inmediaciones de La Fortaleza, para continuar con las protestas pacíficas.
Cerca de las 11:00 de la noche, la uniformada hizo varias advertencias de desalojo en el área bajo las alegaciones de que la manifestación era una protesta ilegal.
“Lamentablemente, alguien en la jerarquía policiaca recibió o dio instrucciones de lanzar gases lacrimógenos contra los manifestantes que, en el ejercicio de sus derechos fundamentales, exigían la atención al reclamo del País frente al Palacio de Santa Catalina. No hubo motivos legítimos para tal acción. No se habían realizado arrestos por conducta ilegal, tampoco se registraron incidentes que constituyeran delitos contra la vida o la propiedad, a excepción de las acciones concertadas por algunos miembros de la Policía”, insistió Román Espada.
Recordó que “la libertad de expresión política, es un derecho fundamental, consagrado en el aqrtículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU, y goza de la más amplia protección constitucional, junto a la libertad de asociación política, bajo la Constitución de Puerto Rico (Artículo II, Secciones 4 y 6) y de los Estados Unidos (Primera Enmienda). Cualquier ataque a esos derechos fundamentales necesita de una justificación reconocida y válida. Decidir a qué hora culmina ese derecho no es una causa válida en sí misma, pues su objetivo ilegítimo es derogar el derecho fundamental”.
A juicio del letrado, las autoridades violentaron las normas contenidas en la Orden General de la Policía para el uso de químicos contra la población, así como los derechos constitucionales de la ciudadanía.
Señaló que el lanzamiento indiscriminado de gases lacrimógenos en un espacio cerrado como el Viejo San Juan, que además provocó el incendio de un vehículo de motor estacionado en una de sus calles, “afecta seriamente la salud de quienes lo reciben, sean manifestantes, visitantes, turistas o residentes del lugar”.
“Las acciones policiacas de anoche son una peligrosa invitación a la autodefensa, a la violencia y al motín. Responsabilizamos a quienes han pretendido crear un ambiente despótico para opacar el mensaje contundente de un pueblo. Invitamos a la ciudadanía a documentar estos actos, y denunciarlos públicamente en las redes”, expuso Román Espada.INS
lp