P. Rico-Hernández Montanez envía cartas al Senado de EEUU con supuestas irregularidades que evidencian conflictos éticos y de interés de miembro de la Junta

San Juan, 9 jul (INS).- El representante Rafael Hernández Montañez envió cartas al Senado de EEUU con supuestas evidencias que dan cuenta de “serios conflictos éticos y de interés” en los que ha incurrido Carlos García, actual miembro de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF).

La medida se da en medio del nuevo proceso para evaluar los nombramientos de los integrantes de la JSF por parte del Congreso estadounidense.

“Desde el primer día hemos sido consistentes y denunciamos los conflictos de interés de García como ex asesor y funcionario del gobierno, y ahora como miembro de la Junta. A solo a días de que el Senado haya reanudado sus labores y tras la decisión del Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito de Boston de extender el proceso de evaluación de los miembros de la Junta, queremos que la presidenta del Comité de Energía y Recursos Naturales del Senado federal, Lisa Murkowski, el senador Joe Manchin y la congresista Nydia Velázquez tengan conocimiento sobre los hallazgos de nuestra investigación”, expresó Hernández Montañez.

Agregó que “en este segundo proceso de evaluación, los nominados a la Junta serán evaluados como funcionarios federales, a los que les aplicará la sección 109 del Código de Ética Federal, específicamente la sección 208 del título 18 sobre conflicto de interés, y la sección 102 acerca de la divulgación de finanzas”.

El representante dijo que entre hallazgos se destaca que García fue parte de una de las entidades demandadas en el litigio respecto a los Bonos de Obligaciones de Pensiones (POB, siglas en inglés).

“Como miembro de la junta de directores del grupo Santander desde 2001 a 2009 fue responsable de las transacciones de Santander Securities, una de las principales subsidiarias del grupo Santander que, junto a UBS Financial Services y Ramírez & Co. gestionaron la emisión de bonos de los Sistemas de Retiro de Puerto Rico. Santander participó activamente en la emisión y venta de gran parte de los bonos como miembro del grupo de ‘underwriters'”, indicó el político.

También recordó que García, como principal financiero del gobierno nombrado en 2009, “permitió que la Administración de los Sistemas de Retiro no invirtiera el dinero de las emisiones de bonos de retiro para que su rendimiento repagara la deuda y el sobrante capitalizara el sistema. Esto provocó el aceleramiento de la quiebra del Sistema de Retiro y no sólo defraudó al sistema, sino que también engañó a los cooperativistas y retirados del sector privado de nuestro país que les prestaron los ahorros de toda una vida”.

A su vez, consignó que como presidente del BGF, entre el periodo de 2009 a 2011, hizo seis emisiones de bonos de Cofina y aumentó el margen prestatario de nueve billones a 16 billones.

Además, señaló que García “creó el esquema de Cofina, que diferencia entre seniors y subordinados, poniéndole todo el peso del riesgo al capital local, para luego como miembro de la Junta pactar el nefasto acuerdo de reestructuración de Cofina en el 2018”.

De igual forma, el representante sostuvo que siendo presidente del BGF “utilizó el esquema de emitir bonos de la Autoridad de Edificios Públicos (AEP), manejando el dinero de forma desmedida a través de la Autoridad de Financiamiento de Infraestructura (AFI). Pero, como miembro de la Junta consintió declarar sus propias emisiones de bonos de la AEP inconstitucionales, por alegadamente sobrepasar el margen prestatario”.

“El conflicto de interés de García en la Junta de Control Fiscal, ya no se limita solo a su participación como presidente del BGF en la transacción de los Sistemas de Retiro, sino que, como parte de junta de directores del grupo Santander, también supervisó y tuvo conocimiento de la suscripción, emisión y venta de bonos que gestionó Santander Securities. La pregunta es, ¿cómo Carlos García puede participar de la evaluación sobre la legalidad de la emisión de los bonos siendo miembro de la JCF, si él mismo endosó, vendió y compró?”, cuestionó Hernández Montañez.

Opinó que “no es posible que este señor siga siendo parte de la Junta de Control Fiscal. Por eso nuestro llamado al Senado y al Congreso es a cuestionar a cada uno de los nominados a la Junta sobre su participación en las transacciones de financiamiento público, ya sea como asesor, proveedor o intermediario. De igual forma, si estos han recibido algún contrato o beneficio con alguna de las instituciones inversionistas en Puerto Rico. De otra parte, emplazamos a la directora de la Junta, Natalie Jaresko, a que conteste el requerimiento de información que le hiciéramos el 4 de junio de 2019 sobre cómo votaron los miembros de la JCF cuando aprobaron las diferentes resoluciones adoptadas por este ente desde su creación, ya que al día de hoy no hemos recibido respuesta. Es momento de rendir cuentas y de hacer pública esta información”.INS
lp