P. Rico-Apoyan regulación de las moratorias hipotecarias durante emergencias

San Juan, 8 jul (INS).- El profesor Ricardo Ramos González, director de la Clínica de Prevención de Ejecuciones Hipotecarias de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico (UPR), afirmó que “hubo de parte de los bancos una total falta de orientación y de divulgación de información necesaria hacia sus clientes hipotecarios para lidiar con la emergencia que provocó el impacto del huracán María en septiembre de 2017”.

Ramos González hizo las expresiones en una audiencia pública de las Comisiones de la Vivienda y Desarrollo Urbano y Asuntos del Consumidor, Banca y Seguros de la Cámara, donde apoyó la resolución 1224.

La medida tiene como propósito investigar el impacto en el mercado de hipotecas y en los consumidores la determinación de los bancos hipotecarios de conceder una moratoria voluntaria de entre tres a cuatro meses tras el paso del disturbio atmosférico y así determinar si se requiere legislación para regular esa industria en momentos de emergencia nacional.

Durante el periodo de preguntas, Ramos González contradijo las expresiones vertidas por la Asociación de Bancos y la Mortgage Bank Association y aseguró que “eso hay que tomarlo con pinzas. Las moratorias no ocurrieron por la buena fe, las moratorias ocurrieron porque tenían (los bancos) que hacerlo. Todos tienen su manual de desastres y ellos están obligados a hacerlo”.

Además, explicó que el mercado de préstamos tóxicos comenzó desde el año 2008 a causa de la explosión de la “burbuja inmobiliaria”, que se formó en la década de los años noventa, y provocó lo que se llamó la “gran recesión”.

Esto, por desarrollos ajenos a las necesidades del país y que de ser una “crisis”‘ pasó a “problema crónico” por el impacto del huracán María.

El especialista sostuvo en este campo hipotecario que, tras el fenómeno atmosférico, la declaración presidencial del estado de emergencia en Puerto Rico, entre otros efectos, puso en vigor los distintos protocolos para esas instancias establecidos por las agencias o entidades pertinentes.

“A saber HUD, Fannie Mae, Freddie Mac, Veteranos, entre otras. El conocimiento y la divulgación de esos protocolos, unidos a aquellos establecidos por otros inversionistas independientes, así como los préstamos en las carteras de los distintos bancos locales, se deben publicar para los beneficios de los deudores cuando ocurra una emergencia. Lo cierto es que eso no se hizo, y en este momento no existe entidad estatal que fiscalice el cumplimiento y la divulgación de dichos protocolos”, declaró Ramos Gonzalez.

Indicó que la Asamblea Legislativa puede y debe regular las moratorias hipotecarias en caso de emergencias, ya que tras el huracán los bancos procedieron a establecer moratorias en el pago de las mensualidades de los préstamos hipotecarios, ante una ausencia de información sobre la manera y forma en cómo se aprobaron. También, recomendó que se investigue la cantidad de propiedades que están por ser ejecutadas.

El catedrático Ramos González le dijo a las comisiones que “hay un ‘issue’ con los números de las propiedades en riesgo porque nadie los tiene. Se estiman. De los que dice el comisionado son 65,000 propiedades. Pero, ahí no están los que están en el Tribunal Federal que son 1,400. Ahí no están los préstamos que se han vendido, que se desconocen; ahí no están los préstamos que no se pudieron poner al día con la moratoria por María. Así, conservadoramente, estamos hablando de 150,000, si lo multiplicas por tres personas por cada hogar son 450,000 personas que se afectan y puede subir más. Es un problema bien serio”.INS

lp