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San Juan, 5 jul (INS).- Ante un posible veto por parte del gobernador Ricardo Rosselló Nevares al proyecto del Senado 1050, que crearía la nueva Ley de Armas de Puerto Rico, el presidente de la Corporación para la Defensa del Poseedor de Licencia de Armas de Puerto Rico (Codepola), Ariel Torres Meléndez, expresó que los puertorriqueños “no podemos seguir siendo americanos a medias y que se obvien los derechos que nos cobijan en la segunda enmienda de la Constitución de los Estados Unidos”.
“Miles de puertorriqueños están esperando esta firma histórica para ejercer su derecho fundamental bajo la segunda enmienda de los Estados Unidos de Norteamérica. De esta forma el gobernador logrará demostrar que está trabajando para el ciudadano decente en Puerto Rico. Vetar esta ley sería darle más poder al criminal en este país”, manifestó Torres Meléndez.
Además, cuestionó que “no se puede vetar un proyecto sin primero leerlo”.
Expuso que “el proyecto 1050 es el lado derecho del proyecto del Senado 39 aprobado el 18 de abril del 2018, de la autoría del senador Thomas Rivera Schatz. Entendemos que ambos proyectos deben regir en nuestro Puerto Rico para beneficio de los ciudadanos decentes que necesitan una vía menos onerosa para obtener una licencia de armas, y que constitucionalmente cumpla con los derechos fundamentales de todos los residentes de la Isla”.
Recordó que durante el proceso para desarrollar este proyecto de ley que lleva dos años y medio en la palestra pública, “se le aseguró al país de que tanto asesores del Senado de Puerto Rico como de la Cámara de Representantes mantuvieron estrecha y continua comunicación con los asesores del Gobernador de Puerto Rico para incluir el lenguaje apropiado que propiciara la firma del primer mandatario”.
El presidente de Codepola aseguró que el 1050 “es un proyecto de avanzada, que no beneficia económicamente a ninguna entidad o grupo, armería o club de tiro, solamente a la ciudadanía porque baja los costos para obtener una licencia única que incluye tiro al blanco y portación, pero es más restrictiva a la hora identificar al solicitante y su récord”.
La medida estipula que los solicitantes serían verificados mediante el National Crime Information Center (NCIC), National Instant Criminal Background Check System (NICS) y el Registro Criminal Integrado del Departamento de Justicia (RCIJ).
De esta manera, “sacan del panorama la necesidad de llevar a cabo una investigación de campo -que incluya llevar hasta el tribunal a tres personas para testificar sobre el proceder del solicitante-, pero verificarán las huellas con otras que hayan aparecido en escenas del crimen, si tienes en curso órdenes de protección, de asecho o Ley 54 y te harán firmar una declaración jurada que indique que no estás o no estuviste bajo tratamiento por problemas de salud mental”.
Entre las disposiciones más importantes está que la solicitud para la expedición de una licencia de armas deberá estar acompañada por un sello de Rentas Internas de 200 dólares y la Oficina de Licencia de Armas de la Policía de Puerto Rico tendrá hasta 45 días para emitirla.
De no ocurrir una determinación por parte de la Policía dentro de este término, el solicitante tendrá derecho a acudir al Tribunal Municipal y mediante petición deberá resolverse en 15 días.INS
lp