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San Juan, 27 jun (INS).- Un grupo de los residentes del sector Los Méndez, del barrio Quebrada de San Lorenzo, denunciaron violaciones a la ley por parte del comerciante Alex Bruceles, quien inició en 2015 la construcción de instalaciones para el uso a campo traviesa de bicicletas, pero supuestamente no había solicitado los permisos correspondientes.
Sandra Vázquez, vecina del sector, narró ayer en audiencia pública ante la Comisión de Desarrollo Integrado de la Región Este, que presidió de forma incidental el representante José Aponte Hernández, que desde 2015 observaron un movimiento de equipo pesado en los terrenos del antiguo vertedero, ubicado en la cercanía de sus hogares para remover ese terreno perteneciente al municipio, por lo que procedieron a radicar una querella ante el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA).
Ello, porque observaron que la basura quedaba al descubierto y temían que se afectara la calidad de vida del sector además de los olores objetables que emanaba el antiguo vertedero.
También, se dirigieron al municipio de San Lorenzo para dejar establecido la oposición a que se abriera un camino a través del vertedero como paso a la finca propiedad del proponente del establecimiento.
Según informó la deponente hasta el presente no han recibido respuesta del alcalde José Román Abreu ni de la Asamblea Legislativa del pueblo.
El 15 de octubre del mismo año, los residentes sometieron una querella ante la Junta de Calidad Ambiental (JCA).
Vázquez relató que en ambas querellas se presentaron fotos para evidenciar los trabajos que se realizaban, lo que también afectaba una quebrada que sirve de tributario al Río Grande de Loíza y a su vez a la represa Carraízo, del cual se sirve gran parte del área metropolitana.
En septiembre del 2016, el DRNA realizó una inspección, pero no emitieron multas ya que supuestamente Bruceles se había comprometido a detener el proyecto hasta tener los permisos requeridos.
Esta situación sorprendió a Vázquez y al resto de los vecinos, ya que “no se tomaron en consideración los daños ambientales que había provocado el dueño de la finca al abrir camino a través del antiguo vertedero el cual era nuestro objetivo y preocupación”.
No es sino hasta el presente año que los vecinos presentan una nueva querella, pero esta vez ante la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe) por incumplimiento del permiso que se le había expedido, ya que era uno para una edificación de cinco mil pies cuadrados, pero Bruceles hizo un movimiento de terreno de al menos 20 mil pies cuadrados.
El 31 de mayo, el DRNA retomó el caso y realiza una audiencia ocular por parte del teniente coronel Ángel Cruz y el vigilante Yamil Pérez del Cuerpo de Vigilantes del DRNA, quienes encontraron violaciones como remoción de grandes cantidades de terreno, corte de árboles, impacto al vertedero, dejando expuesta basura, chatarra y áreas contaminadas, además de una obstrucción en la desembocadura hacia el Río Grande de Loíza.
Según expresó la deponente al pedírsele los permisos de construcción al comerciante, mostró uno que establece un parámetro específico de terreno que puede impactar, el cual no es compatible con el proyecto que pretende establecer.
Precisamente, ayer el vigilante del DRNA comunicó a Vázquez las violaciones por parte de Bruceles, a la vez que le indicó que se estará solicitando una evaluación técnica de las obras realizadas.
La deponente afirmó que “no estamos opuestos al desarrollo de este proyecto, nuestra petición va dirigida a que las agencias pertinentes realicen estudios de suelo, aire y agua para evidenciar los daños que afectan al medio ambiente y nuestra salud, que se detenga la remoción de tierra para evitar daños mayores y que se evite el acceso a los terrenos”.INS
lp