Inter News Service Agencia de Noticias
San Juan, 27 jun (INS).- La Comisión de Recursos Naturales y Asuntos Ambientales, que preside el representante Joel Franqui Atiles, comenzó el análisis de la resolución de la Cámara 1396, que busca investigar el cumplimiento de la Ley 67 de 2017, que tipifica como conducta delictiva estacionar vehículos, todo terreno y motoras en los cuerpos de agua de la Isla.
El portavoz de la organización Comunidad Toro Negro en Ciales, José Figueroa Pesquera, alegó que “ninguno de los agentes del Cuerpo de Vigilante, de la Policía ni la municipal conocen de esta ley”.
“Los vigilantes que acuden allí van con el mayor deseo de hacer su trabajo, pero en todos los casos su queja ha sido que no tienen recursos, que no tienen vehículos”, dijo Figueroa Pesquera.
Señaló que las agencias están respondiendo a su llamado y que se llevan reuniendo desde 2015 para concretizar los planes de vigilancia.
Seguido, insistió en mayor capacitación a los empleados públicos para poder hacer valer la ley.
En representación de la entidad Para la Naturaleza, Ricardo Rodríguez informó que al momento no ha disminuido la contaminación en los cuerpos de agua,.
“La respuesta es no”, afirmó y sostuvo que “hace falta mayor educación y reforzar las herramientas de reciclaje”.
La exposición de motivos de esta pieza legislativa expresa que “hemos recibimos denuncias de ciudadanos que nos refieren que la práctica de estacionar vehículos sobre cuerpos de agua continúa a pesar de las prohibiciones existentes”.
“Los reclamos consisten en que, a pesar de haberse realizado denuncias a las autoridades pertinentes, quienes incurren en tal actividad prohibida permanencen impunes”, agrega la medida.
Laura Díaz Solá, asesora legal del DRNA, reconoció a los miembros de la Comisión que no existe un reglamento.
“La ley es clara, la conducta prohibida y las penalidades. El Cuerpo de Vigilantes actúa conforme a los protocolos establecidos por el mismo cuerpo. En realidad, entendemos no habría que reglamentar más allá”, manifestó Díaz Solá.
La ley dicta a las agencias de Salud y a Recursos Naturales y Ambientales, o cualquier otra instrumentalidad gubernamental, a que enmiende cualquier reglamento para cumplir con el propósito de la ley, creada y puesta en vigor en 2017.
Según la penalidad de la ley, se castiga con multa desde cien hasta diez mil dólares o cárcel por un término no menor de 90 días de ni mayor de tres años, o ambas penas, por cada violación.INS
lp