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San Juan, 26 jun (INS).- Durante el año fiscal 2017-2018, de las 4,022 órdenes de protección finales que emitieron los tribunales a través de todo Puerto Rico, por casos de violencia de género, solamente se ordenó a 105 agresores a participar de manera compulsoria en un programa de reeducación o readiestramiento, según informó la Oficina de la Procuradora de las Mujeres (OPM).
La cifra trascendió en una audiencia pública de la Comisión de Asuntos de la Mujer, presidida por la representante Lourdes Ramos Rivera, en la que se inició una investigación sobre la efectividad de una enmienda a la “Ley para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica”, que faculta a los jueces a que una vez se expide una orden de protección, se le requiera en ciertas instancias a la parte peticionada a participar de un programa de reeducación sobre la violencia de género.
En una ponencia presentada por Mariaemilia Sueiro Álvarez, procuradora auxiliar de Asuntos Legales, Investigaciones y querellas de la OPM, calificó estos números de “bajos para la cantidad de órdenes expedidas en todo Puerto Rico”.
“Entendemos que hacer mandatorio el participar en un taller y/o programa de reeducación y readiestramiento, sería una forma más productiva y eficiente de trabajar el aspecto de prevención de la violencia de género que es un componente importante de la Ley 54 de prevención de violencia doméstica”, señaló la deponente.
Recomendó que se aumente de 30 a 50 las horas que deban cumplir en dichos programas o talleres, “para que así sean más eficientes en cuanto a la prevención y reeducación de conductas agresivas”.
Sueiro Álvarez informó que la Junta Reguladora de los Programas de Reeducación y Readiestramiento para Personas Agresoras, establecida por la Ley 54, no solo tiene el deber de revisar y elaborar junto a la OPM los programas o talleres de educación sino que ha sido reactivada para evaluarlos y determinar su efectividad.
La Junta, adscrita al Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR), está compuesta por siete miembros pertenecientes al DCR, el Departamento de la Familia, la OPM, un sicólogo con experiencia en violencia doméstica, un representante de la Administración de Servicios de Salud, un trabajador social y un abogado.
En tanto, Mónica Hernández, asesora legal de la Oficina de Administración de los Tribunales, explicó que los jueces ejercen su discreción a la hora de determinar si el peticionado debe asistir a un taller y toman en cuenta el hecho de que tengan órdenes de protección anteriores y el grado de peligrosidad del acusado.
Hernández expresó que todo lo relacionado al tema “ocupa un lugar destacado dentro de las prioridades programáticas de la Rama Judicial”, pero no pudo ofrecer las estadísticas en torno a los adiestramientos que se ofrecen a los jueces y en torno a los temas de los mismos, por lo que se solicitó que en siete días laborables se presentara la información.INS
lp