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Santo Domingo, 21 jun (INS).-El juez de la Instrucción Especial de la Suprema Corte de Justicia, Francisco Ortega Polanco, envió hoy a juicio de fondo a seis de siete imputados de recibir en sobornos 92 millones de dólares promovidos por la constructora brasileña Odebrecht a cambio de recibir privilegios en los contratos de infraestructuras gubernamentales.
Ortega Polanco también ratificó la medida de coerción que se había instrumentado anteriormente contra los acusados, que son el empresario Ángel Rondón; el exministro Víctor Díaz Rúa; Andrés Bautista, expresidente del Senado; el abogado Conrado Pittaluga; el senador oficialista Tommy Galán; y Juan Roberto Rodríguez, exdirector del Instituto Nacional de Agua Potable y Alcantarillado (Inapa).
Al grupo se le acusa de asociación de malhechores, soborno, prevaricación, falsedad en la escritura pública, enriquecimiento ilícito y lavado de activos en perjuicio del Estado, de recibir millonarias sumas de empresas reconocidas por la empresa carioca como sociedades offshore a través de las cuales la División de Operaciones Estructuradas realizaba pagos indebidos y no contabilizados para sobornar a funcionarios.
En la lectura de la sentencia de 600 páginas durante la audiencia preliminar del proceso, el magistrado descargó de la acusación al exsenador Jesús-Chú-Vásquez, quien al igual que Andrés Bautista es un miembro del opositor Partido Revolucionario Moderno (PRM).
La decisión judicial no es susceptible de recursos de apelación y debe ser acatada de inmediato, aunque sí puede recurrirse el descargo a Jesús-Chú-Vásquez, tarea que le corresponde al Ministerio Público.
El juez Ortega Polanco rechazó una serie de incidentes planteados por la defensa de los incriminados respecto a los alegatos jurídicos del Ministerio Público al pedir que sean enviados a juicio de fondo.
Entre los argumentos de la defensa desestimados por el tribunal están: la inadmisibilidad de la acusación, por no cumplir con los requisitos y formalidades legales; inadmisibilidad por violaciones constitucionales de derecho de defensa y por falta de formulación precisa de cargos. Igualmente, rechazó los alegatos de la vulnerabilidad del proceso, por prescripción penal, así como que nadie puede ser juzgado dos veces por una misma causa.
Ángel Rondón, es señalado como el enlace entre la compañía y el supuesto “cerebro” utilizado por el consorcio brasileño, en el 2001, para sobornar a funcionarios y legisladores a cambio de la asignación de 16 obras del Estado.
Al menos ocho proyectos desarrollados en el país por la compañía brasileña, entre estos la planta a carbón Punta Catalina, estuvieron sujetos a adendas que elevaron los costos de las obras desarrolladas, según los contratos que detalló la Procuraduría General durante la acusación preliminar.
Al abandonar la alta corte, los imputados demostraron inconformidad con la decisión del juez Ortega, entre éstos Ángel Rondón y el senador Tommy Galán. Este último, a quien se acusa de ocultar su incremento patrimonial y los supuestos sobornos que recibió de Odebrecht en inmuebles, dejó entrever que en lugar de él y otros ex congresistas, quienes deberían estar imputados son los miembros del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo y del Ministerio de Hacienda.INS
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