San Juan, 20 jun (INS).- La directora ejecutiva de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), Natalie Jaresko, envió una comunicación al gobernador Ricardo Rosselló Nevares en la que establece que el gobierno ha fallado en cumplir sus obligaciones bajo la Ley Promesa.
Jaresko recuerda que por varios meses y en múltiples aspectos, el gobierno ha fallado en cumplir sus obligaciones bajo Promesa.
“La situación no ha sido corregida y debe ser atendida con la mayor urgencia”, señala.
A su vez, indica que la Sección 203 de Promesa dispone que “no más tarde de 15 días después del último día de cada trimestre de un año fiscal, el gobernador deberá someter a la Junta de Supervisión un informe, de tal forma como la Junta de Supervisión lo pueda requerir, describiendo los gastos presupuestados versus gastos actuales/reales (B2A, siglas en inglés) para ese trimestre,
y cualquier otra información solicitada por la Junta de Supervisión”.
Añade que “el propósito de la Sección 203 es requerirle al gobierno que rinda cuentas con respecto al presupuesto certificado y alertar a la Junta de Supervisión sobre cualquier desviación del presupuesto certificado con respecto a ambos ingresos y gastos, para que la Junta de Supervisión pueda determinar si hiciere falta ejercer acciones correctivas”.
Al respecto, la portavoz asegura en la carta que el gobierno no sometió, a la fecha requerida del 15 de abril de 2019, los informes completos de B2A requeridos por la Sección 203(a) para la Universidad de Puerto Rico y la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) para el tercer trimestre del año fiscal 2019.
“Más aún, la ACT y la UPR nunca han sometido un informe de Sección 203(a) completo”, sostiene la vocera.
Además, consigna que aunque la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) sometió un informe 203(a), lo presentó tarde, por lo que pide que se sometan todos los informes pendientes para el año
fiscal 2019 en o antes del 30 de junio de 2019.
También, Jaresko pide al gobierno que publique los informes correspondientes al tercer trimestre para el gobierno de Puerto Rico, AEE y la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) en o antes del 30 de junio, los informes correspondientes al tercer trimestre para ACT y UPR en o antes del 31 de julio de 2019 y los informes correspondientes al cuarto trimestre para todos en o antes del 15 de agosto de 2019.
La directora ejectiva señala además que desde abril de 2018, el plan fiscal certificado del gobierno de Puerto Rico “ha requerido que se
informen públicamente los datos financieros y presupuestarios del gobierno a fin de mejorar la gobernanza fiscal, la rendición de cuentas y los controles internos. Aunque ha habido progreso
sustancial en términos de informes, hay una lista sustancial de informes que no están siendo sometidos a la Junta de Supervisión o no se están divulgando públicamente”.
“La Junta de Supervisión requiere que se restaure la secuencia de informes internos y públicos para el 30 de junio de 2019. Más aún, enviaremos cartas a los jefes de las instrumentalidades específicas esbozando el incumplimiento con sus respectivos requerimientos de informes bajo el plan fiscal”, agrega.
Asimismo, afirma que el gobernador “no ha provisto documentos con respecto a un sinnúmero de leyes aprobadas en e2018 y 2019, en referencia a 51 leyes y 53 resoluciones conjuntas legisladas y
aprobadas durante el año calendario 2018, así como 23 leyes y 25
resoluciones conjuntas legisladas y aprobadas durante el año calendario 2019, respecto a las cuales el gobernador no ha provisto la documentación requerida a la Junta de Supervisión”.INS
lp
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