Inter News Service Agencia de Noticias
San Juan, 20 jun (INS).- El presidente de la Comisión de Vivienda y Desarrollo Urbano, Luis Pérez Ortiz, resguardó la potestad de la Asamblea Legislativa para proteger los derechos hipotecarios de los consumidores mediante la creación de una ley en caso de que Puerto Rico sufra algún desastre natural, como el ocurrido tras el impacto de los huracanes Irma y María en septiembre de 2017.
Pérez Ortiz expuso que ante cualquier evento catastrófico, «nuestro deber legislativo es proteger los derechos de los ciudadanos que han trabajo mucho para tener un techo digno y seguro. Existen reclamos de personas que al no legislarse la moratoria en casos de emergencia, se dejó fuera la posibilidad de que se obligase a la industria hipotecaria a modificar los préstamos hipotecarios».
De igual forma, planteó que hay reclamos relacionados a los préstamos hipotecarios sobre propiedades que no son utilizadas como residencia del deudor hipotecario, así como los que ya venían solicitando la alternativa de loss mitigation o los que buscaron alguna variante de una modificación de los términos del préstamo hipotecario, y quedaron desprovistos de protección.
Las expresiones fueron vertidas ayer en la tercera audiencia pública sobre la resolución de la Cámara 1224, de origen tripartita.
El propósito de la pieza legislativa es investigar el impacto de las moratorias hipotecarias concedidas tras el paso del huracán María y así determinar si se requiere legislación para regular esa industria en momentos de emergencia nacional.
Dimas Rodríguez Rosado, presidente de Mortgage Bankers Association of Puerto Rico (MBA), sostuvo que la determinación de moratorias hipotecarias le corresponde a los inversionistas secundarios, como Fannie Mae, Freddie Mac, entre otros, que son las instituciones que adquieren la cartera de préstamos de un banco hipotecario, y que concedieron a sus clientes moratorias especiales, en la mayoría de los casos de seis meses tras los huracanes Irma y María.
A esos efectos, indicó que era necesario enmendar la Ley Registral en aras de viabilizar y facilitar la presentación e inscripción de la modificación del pagaré hipotecario o la escritura de hipoteca, según fuese el caso, sin que represente un costo para el bolsillo del consumidor.
Agregó que «los inversionistas secundarios son los que establecen los parámetros y requerimientos que gobiernan el préstamo. Lo que impide a la institución hipotecaria tomar una decisión unilateral en torno a las alternativas a ofrecer. Sin embargo, la banca hipotecaria, cónsona con las guías establecidas por el Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) así como los parámetros dispuestos por el mercado secundario, pudo poner a disposición una moratoria al prestatario, un término en las obligaciones de pago de su préstamo hipotecario residencial, sin penalidad alguna».
El presidente de la Comisión de Vivienda y Desarrollo Urbano refutó los planteamientos: «El resultado que se alega ha ocurrido es que muchas personas se encuentran a un año de culminada la moratoria, en medio de batallas legales para preservar su propiedad porque los bancos hipotecarios han decidido imponer condiciones sobre las que no existe ningún tipo de reglamentación o directriz».
A su vez, el representante Ángel Bulerín hizo referencia a una noticia publicada hoy en la portada de un rotativo de la Isla, donde se anuncia que en un periodo de dos semanas hay 616 demandas para el embargo de residencias.INS
lp