P. Rico-JSF y acuerdo con COR para “garantizar” pensiones de jubilados: “Evita recortes de beneficios para 74% de los retirados presentes y futuros”

San Juan, 12 jun (INS).- La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) anunció hoy otro acuerdo consensual en el proceso de reestructuración de la deuda del gobierno de Puerto Rico.

La Junta y el Comité Oficial de Retirados (COR) llegaron a un acuerdo “mutuamente aceptable” para resolver el trato de los beneficios de pensión acumulados por los retirados del gobierno de Puerto Rico en el caso del Título III bajo Promesa.

El acuerdo protege y asegura las pensiones a futuro para todos los empleados del gobierno, tanto retirados como activos, mediante la asignación de excedentes acumulados en el corto plazo a un fondo de reserva que garantiza el pago de futuras obligaciones de pensiones.

El acuerdo que la Junta ha alcanzado con el COR también provee una política “más justa y sencilla” para ajustar las pensiones que la que figura en el plan fiscal certificado, al permitir que casi el 75% de los beneficiarios estén protegidos de cualquier recorte.

Esta es una parte integral del plan de ajuste que la JSF presentará próximamente en el Tribunal del Título III que afecta a más de 300,000 beneficiarios de pensiones y reestructura más de 50,000 millones en obligaciones de pensiones no sufragadas en el Sistema de Retiro de Empleados, el Sistema de Retiro de Maestros y el Sistema de Retiro de la Judicatura.

“Nos complace anunciar el acuerdo con el Comité Oficial de Retirados (COR), que es un paso crucial para presentar el plan de ajuste para el gobierno de Puerto Rico y para que podamos salir del proceso de reestructuración de deuda del Título III, mientras aseguramos los beneficios futuros de nuestros retirados”, afirmó José Carrión, presidente de la Junta.

Agregó que “hemos trabajado arduamente con todas las partes interesadas durante el pasado año para lograr acuerdos consensuales para reestructurar nuestras deudas y obligaciones de pensiones. Hoy alcanzamos otro hito que permitirá a Puerto Rico salir de la quiebra y facilitará que las empresas inviertan, que nuestra economía crezca y que la gente de Puerto Rico prospere”.

Según el portavoz, “décadas de mala administración financiera, falta de fondos y préstamos tomados de las pensiones del pueblo dejaron los sistemas de retiro del gobierno central, los maestros y la judicatura prácticamente sin dinero. Las restricciones fiscales y legales obligaron a la Junta de Supervisión a proponer una reforma de pensiones ya que, si el Gobierno de Puerto Rico no hubiera comenzado a pagar las pensiones del presupuesto operacional general, los retirados hubieran dejado de recibir sus cheques de beneficios”.

Carrión opinó que “esto ha significado que el gobierno está sufragando el costo anual de las pensiones, por aproximadamente 2,500 millones al año. Según el proceso del Título III de Promesa, los retirados son considerados acreedores no asegurados, cuyo trato bajo un plan de ajuste tendrá que ser aprobado por un tribunal. Afortunadamente, la Junta de Supervisión ha podido alcanzar este y otros acuerdos consensuales para reestructurar las obligaciones de pensiones de Puerto Rico”.

Mientras, Ana Matosantos, también miembro de la Junta, declaró que la JSF “ha tomado medidas ágiles para proteger a los retirados presentes y futuros de Puerto Rico, y para asegurarse de que todos tengan acceso a una pensión digna, después de haber dedicado tantos años de arduo trabajo a nuestra Isla y de haber ganado un lugar muy especial en el corazón de todos los puertorriqueños”.

Comentó, además, que “este acuerdo con el COR, así como los que se lograron con los principales sindicatos que representan a los empleados activos, garantizan sus pensiones hoy y durante las próximas décadas, mientras protegen a nuestros retirados más vulnerables de cualquier reducción de pensión”.INS
lp