Inter News Service Agencia de Noticias
San Juan, 4 jun (INS).- La presidenta de la Comisión de Derechos Civiles (CDC), Georgina Candal Segurola, se opuso hoy al proyecto de libertad religiosa, porque vulnera derechos fundamentales y lo catalogó de “afrenta” al respeto a la diversidad
“De ser aprobado el proyecto sobre las Guías de Libertad Religiosa se vulneran los derechos fundamentales de las personas o comunidades que, por años, han sido víctimas del discrimen por nuestra sociedad”, aseguró durante su turno en una audiencia pública del Senado, que evalúa la pieza legislativa.
La Comisión se opuso a la aprobación del proyecto por considerarlo innecesario e inoficioso a la luz de las disposiciones constitucionales, la ley federal y la jurisprudencia interpretativa que protege los derechos de todas las personas a sus creencias, incluyendo el derecho de las personas que no profesan una religión.
Según la otrora jueza superior, la medida en consideración constituye un intento de proclamar la libertad de culto como un derecho con hegemonía sobre otros derechos constitucionales protegidos, como el derecho a la igualdad ante la ley, el derecho a no ser discriminado y la protección de la dignidad del ser humano, entre otros.
“Esto es totalmente improcedente en una sociedad democrática, que rechaza la teocracia como régimen de gobierno. Este proyecto constituye una afrenta a una sociedad pluralista que debe aspirar al respeto a la diversidad”, insistió la presidenta del organismo público al advertir que la aprobación de la medida traería como consecuencia la presentación de demandas por violaciones de derechos civiles al amparo de la Ley de Derechos Civiles federal en contra del gobierno de Puerto Rico y de los mismos funcionarios que ejerzan conductas discriminatorias en contra de estas poblaciones.
De acuerdo a Candal Segurola, el Estado está obligado a garantizar a todas las personas la igual protección de las leyes.
Sin embargo, “con este proyecto, el gobierno estaría claudicando en garantizar esa protección de manera justa y equitativa a todas las personas sujetas a su jurisdicción”.
Añadió que la pieza legislativa no reconoce el potencial conflicto que surja entre varios funcionarios que profesen distintas religiones o prácticas que presenten diferencias religiosas.
“El proyecto de ley propone que cualquier persona por motivo de sus creencias religiosas solicite un acomodo razonable el cual no podrá ser cuestionado por el Estado. Entre los acomodos razonables se podría solicitar un acomodo en las funciones que realiza la persona empleada por el Gobierno de Puerto Rico para evitar interactuar con cualquier compañero en el empleo o por personas del público por su expresión de género, identidad de género, orientación sexual, ideas religiosas, raza, o por cualquier otro motivo. Esto constituye una violación del derecho de todas las personas a que se respete su dignidad”, apuntó.INS
lp