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San Juan, 29 may (INS).- La Contraloría de Puerto Rico detectó irregularidades en las operaciones fiscales del Instituto de Estadísticas de Puerto Rico.
Según el Informe, el Instituto realizó diez transacciones de personal por 331 mil dólares y aumentó el sueldo de una asistente administrativa, contrarias a la Ley 66 de 2014, sobre la Sostenibilidad Fiscal y Operacional del Gobierno.
El Instituto no solicitó la autorización de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) para realizar estas transacciones.
La ley dispuso medidas de control aplicables a todas las entidades de la Rama Ejecutiva para reducir el déficit presupuestario y que la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) sería la agencia responsable de su cumplimiento.
Algunas de estas medidas era la reducción de un 10% adicional a la nómina de los empleados de confianza, la congelación del reclutamiento y la prohibición de los aumentos en beneficios económicos, indicó la Contraloría.
La auditoría señala también que el Instituto formalizó un contrato de arrendamiento por 462,348 dólares con una compañía privada, sin haber solicitado la autorización de la Junta Revisora de Propiedad Inmueble de Puerto Rico ni a la OGP.
La Junta Revisora se creó mediante la Ley 235 de 2014, la cual prohibía arrendar bienes inmuebles privados sin estar autorizado.
“Estas situaciones se atribuyen a que el entonces director ejecutivo del Instituto y la Junta, entendieron que esta entidad contaba con autonomía fiscal fuera de la Rama Ejecutiva. Sin embargo, la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico estableció una forma republicana de gobierno con tres ramas, por lo cual el Instituto no puede pretender ser una entidad fuera de alguna de las tres ramas de gobierno. El Instituto es una entidad gubernamental de la Rama Ejecutiva”, señaló la agencia.
El informe cubre el período del 1 de enero de 2016 al 30 de septiembre de 2018.INS
lp