P. Rico-PPD señala que el plan fiscal del gobernador está “plagado de mentiras” y sobreestimado en 42 billones para “justificar la estadidad”

San Juan, 28 may (INS).- Los portavoces del Partido Popular Democrático en Cámara y Senado, Ramón Luis Cruz Burgos y José Luis Dalmau Santiago, acusaron hoy que el plan fiscal del gobernador Ricardo Rosselló Nevares está basado en estimados “falsos” por 42 billones, “lo que provoca aumento en impuestos y menos servicios para la gente”.

Además, sentenciaron que Rosselló Nevares y el Partido Nuevo Progresista (PNP), “en otro engaño al país, intentan hacer creer que el desastre fiscal se resuelve con la estadidad”.

“Quisieron utilizar el dolor, sufrimiento y las pérdidas materiales de las familias puertorriqueñas para otorgar contratos sin control con los fondos que recibieron por la emergencia. Pretendieron hacer ver una realidad fiscal y financiera inexistente que les permitiese seguir con sus patrones de gastos para consolar a los suyos a base de puestazos. El gran problema de estas exageraciones y mentiras de la administración Rosselló, que se las creyó la Junta de Supervisión Fiscal, es que mientras mentían para seguir en lo suyo, han aumentado el número de impuestos, han desangrado a la Universidad de Puerto Rico, han dado un duro golpe a los municipios y han creado un gobierno más grande, más burocrático, más ineficaz y alejado del pueblo”, precisó Cruz Burgos.

Además, el representante aseguró que la “nueva mentira es que ese desfase en los números lo subsana la estadidad. Ahora tratan de convertir el plan de mentiras en parapeto para justificar la estadidad”.

Mientras, Dalmau Santiago indicó que el plan fiscal aprobado por la Junta y presentado por el gobernador “contiene supuestos económicos que no eran reales y, por tanto, no se cumplieron. El gobierno de Puerto Rico ha sido irresponsable y mintió cuando fundamentó el plan fiscal en supuestos que sabía eran incorrectos y datos imposibles de cumplir. La Junta de Supervisión Fiscal ha sido igualmente irresponsable al aceptar los supuestos económicos planteados por la administración Rosselló cuando sabían que eran irreales”.

Los portavoces señalaron que el gran problema de estos supuestos económicos falsos es que el presupuesto de gastos que tiene el gobierno depende de que se cumplan esas metas.

“Al no cumplirse, los recaudos son menores, los recursos disponibles para dar servicios a los ciudadanos y para hacer obras disminuyen. El problema de la administración Rosselló es el mismo del gobernador: mienten. Los planes fiscales son el mecanismo que aprieta el bolsillo de nuestras familias. Por lo que desde 2017, la administración Rosselló ha estado mintiendo y tratando de corregir con otras mentiras en los Planes Fiscales subsiguientes”, afirmó el político.

Los legisladores señalaron que en el plan fiscal está evidenciado que el gobierno sobreestimó el dinero que entrará en la economía por 41.93 billones de dólares.

Cruz Burgos sostuvo que sobreestimaron los daños del huracán María “en un intento de utilizar el dolor de los puertorriqueños para salvar sus finanzas gubernamentales y reclamar logros de obra pública”.

“Estimaron 65 billones de dólares en fondos federales de recuperación a través de FEMA. El plan fiscal sometido por la administración Rosselló en el mes de marzo asume una inversión de dinero de FEMA de 46 billones de dólares. 19 billones menos en la economía de Puerto Rico”, añadió.

Además, dijo que en el gobierno “sobreestimaron el monto total de la inversión privada con los pagos de aseguradoras por daños del huracán María. El plan fiscal expone la cantidad de 16 billones de dólares. La realidad se distancia muchísimo de la mentira del plan fiscal de Rosselló”.

Consignó que según información de la industria de seguros y la Acodese, a febrero de 2018 de las 170,681 reclamaciones recibidas, se pagó un 44% de los casos, esto es 75,493 reclamaciones, mientras que de las reclamaciones adjudicadas ascendieron a un pago total de 991,857,997 dólares, “cifra que ya ha sido desembolsada por estos aseguradores e inyectada a la economía para compensar a los asegurados por los daños resultantes del desastre”.

Declaró que esta última cantidad “incluye la cifra de 362,560,063 dólares, que se ha pagado por concepto de adelantos, mientras se concluye la adjudicación de toda la reclamación”.

Para Dalmau Santiago el estimado de la administración Rosselló Nevares se quedó corto “en el mejor de los escenarios por 14 billones de dólares”.

Recordó que el plan fiscal revisado presentado por la administración el 11 de marzo reduce esta cantidad a ocho billones de dólares, “una reducción de seis billones de dólares en impacto en la economía y seis billones en exceso a los números reales de las aseguradoras y de acuerdo al patrón de pagos por reclamaciones. Al final del día son 14 billones menos en la economía de Puerto Rico por este concepto, sin que se revise el impacto en los impuestos y costo de vida de los puertorriqueños, para que el gobierno cumpla su presupuesto descuadrado”.

Igualmente, alertó que “sobreestimaron el impacto económico de la mal llamada reforma laboral, que en realidad ha sido la Ley 7 de los empleados del sector privado en Puerto Rico. El Plan Fiscal revisado de 2018 establece que el impacto en el Producto Nacional Bruto (GNP, siglas en inglés) sería de punto veinticinco por ciento (.25%). El plan fiscal presentado por Rosselló este mes, lo reduce a punto quince por ciento (.15%)”.

También manifestó que en el gobierno “sobreestimaron el monto de inversión privada en Alianzas Público Privadas. El plan fiscal presentado en 2017 por la administración Rosselló, aseguró una inversión de sobre ocho billones de dólares en inversión privada bajo el modelo de Alianzas Público Privadas (APP). En el plan fiscal revisado de 2018, se eliminó la referencia a la cantidad de inversión en la economía por este concepto. En el plan presentado este mes, vuelve a no cuantificarse la inversión por las APP. La realidad es que los proyectos en proceso de permisos a penas suman 2.5 billones en inversión. Lo que implica un desfase de 5.5 billones de dólares en este renglón”.

“Se quedaron cortos en la aprobación de que el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos aprobara el desembolso total de los 4.9 billones de dólares del préstamo de emergencia aprobado por el Congreso tras el paso del huracán María y que fueran incluidos en el plan fiscal para cubrir los desfases de liquidez gubernamental en el presupuesto o ‘liquidity gaps’. La aprobación fue de 1.47 billones. La desconfianza en la capacidad administrativa de Rosselló, costó 3.43 billones en dinero prestado por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos”, expuso.INS
lp