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San Juan, 27 may (INS).- La senadora Rossana López León reaccionó a la presentación de una medida del también legislador Miguel Romero, corrigiendola para que cumpla con las disposiciones legales y pueda ser viable para el análisis legislativo.
Se trata de la resolución conjunta del Senado 360, presentada por Romero el 28 de febreroy referida a la Comisión de Gobierno, con el propósito de ordenar al Departamento de la Vivienda, como entidad designada por el gobierno estatal para recibir enmiendas al “Plan de Acción para la Recuperación Ante Desastres para la Utilización de Fondos Community Development Block Grant-Disaster Recovery (CDBG-DR) en Respuesta a los Huracanes Irma y María (2017)”.
La enmienda tiene el propósito de facilitar la utilización de dichos fondos para la reconstrucción y recuperación de las comunidades aledañas al Caño Martín Peña.
“En ocasiones, la prisa por radicar proyectos sin el análisis adecuado resulta en situaciones como la que estamos viendo en esta Resolución Conjunta. En primer lugar, el Departamento de la Vivienda del Estado Libre Asociado de Puerto Rico no tiene la facultad en ley para declarar zonas no inundables, solamente la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) lo puede hacer. Hace un año, el gobernador (Ricardo) Rosselló firmó junto a FEMA y la Junta de Planificación los nuevos planos de inundabilidad que incrementaron las áreas inundables en Puerto Rico exponencialmente, gran parte de ellas en San Juan. Incluso, todas las zonas dentro del Sector G8 clasificadas anteriormente como zonas de 2% de probabilidad de inundación ahora el Gobernador las declaró 100% inundables. ¿Cómo es posible que Romero vaya a instruirle a una agencia algo que no tiene la facultad en ley en hacerlo?, ¿Porqué Romero no le dijo al gobernador en ese momento que ayudara a las Comunidades del G8, antes de imponerle unos nuevos planos de inundación?”, cuestionó la senadora.
López León declaró además que el Departamento de la Vivienda estatal no puede autorizar la construcción de viviendas en áreas inundables, “solamente lo puede hacer la Junta de Planificación por medio de sus reglamentos actuales. Quien debe hacer un estudio sobre los posibles impactos de las nuevas áreas inundables en San Juan y todo Puerto Rico es el gobernador y la Junta de Planificación, quienes fueron los que firmaron los nuevos planos de inundabilidad el 13 de abril del 2018. Eso lo hicieron sin vistas públicas, en medio de un Puerto Rico que estaba sin luz y agua potable. Eso fue un grave atropello que ahora tendrán que pagar las familias puertorriqueñas por medio de los seguros de inundación que cobrarán las casas hipotecarias, bancos y agencias de seguros”.
La también candidata a la alcaldía de San Juan en las próximas elecciones, aseguró que la resolución conjunta sometida porRomero “obvia el hecho de que el reglamento de uso de los fondos CDBG-DR establece que los planes de acción tienen que delinear necesidades dirigidas a lo que se llama Unmet Recovery Needs, “por lo tanto si el Cuerpo de Ingenieros ya asignó una cuantía de 2,500 millones, entonces el dragado sería una partida que no cualifica para CDBG-DR porque ya ha sido atendida. Esto demuestra que el legislador que propone esta medida desconoce las leyes y reglamentos federales”.
“Es lamentable que ahora Romero quiera sacarle partida política a esta legislación. ya que ni siquiera intentó ayudar a estas comunidades del G8 durante los procesos de vistas públicas del Departamento de la Vivienda o cuando el Gobernador les impuso unos nuevos planos de inundación. Ahora intenta someter un proyecto de ley plagado de errores, pues va en contra de los reglamentos y leyes de Puerto Rico y de Estados Unidos. A Romero le recomiendo que vaya a la mesa de trabajo y reescriba su proyecto. A los sanjuaneros les digo que tomen nota y vayan haciendo su análisis comparativo para las elecciones del próximo año. El futuro de nuestra Capital está en juego”, sostuvo.INS
lp