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San Juan, 22 may (INS).- El presidente del capítulo del Programa de Solidaridad de la Utier (Prosol Utier) en la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT), Ángel Pinto Rivera, afirmó que la compra de drones a 500 dólares por parte del gobierno “es solo la punta del iceberg” que se esconde detrás de “un complicado esquema de contratos y subcontratos” en esa agencia.
“La agencia tiene capacidad de producir ingresos millonarios y administrar otros de naturaleza federal que impactan la industria de la construcción, sin embargo los políticos y el mercado la han quebrado”, aseguró Pinto Rivera.
El portavoz de la organización que representa a los trabajadores unionados de la agencia sostuvo que detrás de la supuesta crisis en la ACT “se esconde la verdadera realidad de la agencia, que es una mina de dinero para el gobierno y los contratistas privados”.
Agregó que la ACT “ha sido utilizada como tarjeta de crédito del gobierno para pagar otras deudas”.
Recordó que en abril de 2014 la unión presentó a la ACT una propuesta de economías por más de 300 millones en actividades subcontratadas que deberían realizarse por personal de la agencia.
La agencia, nunca ha querido considerar esta propuesta y no la ha refutado.
Además, expuso que existen malas decisiones de tipo político y gerencial en favor de empresas privadas.
Opinó, como ejemplo, que la decisión de alquilar la autopista 22 por 50 años y reducir la cantidad a recibir del peaje a un 25% ha privado a la ACT de recibir millones de dólares por concepto de los peajes. Igualmente, señaló que “la agencia paga todo la infraestructura del cobro de peaje y paga a una compañía privada por su operación, la cual obtiene ganancias millonarias anualmente. También la agencia ha beneficiado a cientos de consultores, abogados privados y otros contratistas que en su conjunto manejan contratos millonarios que deben estar en manos del personal gerencial y unionado de la agencia”.
Recordó, a su vez, que “las decisiones de endeudar la ACT a través del Banco Gubernamental de Fomento fue una decisión política para subsidiar otras agencias del gobierno. Por años, los políticos se han beneficiado inflando la nómina de la ACT con cientos de nombramientos, aumentos de salarios y bonificaciones altamente jugosas. Salarios de sobre 5,000 mensuales han sido otorgados a empleados vinculados a los partidos gobernantes. Estos ahijados políticos entorpecen el trabajo y el servicio público ya que no se deben al servicio, sino a sus intereses particulares”.
Agregó que “estas decisiones, además de ser ilegales, demuestran que los funcionarios gerenciales que han dirigido la ACT por años han incumplido sus deberes y que tienen gran responsabilidad por la crisis que hoy se alega hay en la agencia. En ese sentido deben ser investigados y obligados a asumir responsabilidad por sus actos y omisiones”.
El portavoz comentó que “a partir de la intervención de la Junta de Control Fiscal y la aplicación de planes fiscales se ha pretendido que los empleados públicos y la ciudadanía paguen los platos rotos. Mientras hay dinero para pagar a las compañías privadas salarios que hasta triplican el salario que por el mismo trabajo se pagan a los empleados unionados, la agencia no reconoce mejoras salariales desde hace más de 11 años, se eliminan beneficios económicos y sociales, les recortan el pago de horas extras y gastos de viaje y se reducen licencias de vacaciones y enfermedad entre otras medidas. La agencia ha implantado un proceso de renuncias incentivadas que ha provocado el éxodo de empleados hacia compañías privadas que se contratan a su vez para hacer el trabajo eliminado. La reducción de nómina de empleados gerenciales y unionados se traducen en contratos privados y servicios deficientes al público”.
Pinto dijo que Prosol Utier sostiene que la propuesta de privatización de la agencia y la salida de cientos de trabajadores afectará el desarrollo de un sistema vial planificado y en favor de las necesidades del país.INS
lp