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San Juan, 20 may (INS).- La directora ejecutiva de la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT), Rosana Aguilar Zapata, desmintió hoy información sobre una supuesta compra a sobreprecio de «traffic drums», comúnmente conocidos como drones anaranjados, en uno de los proyectos para atender los más de mil deslizamientos de terrenos que se registraron en las carreteras tras el paso del huracán María.
«A partir de la emergencia que sufrió todo Puerto Rico con el impacto de los huracanes Irma y María, la cantidad de deslizamientos de terrenos que afectaron nuestro sistema vial fue histórica. Ante dicha situación, se procedió a identificar y solicitar recursos del gobierno federal para mitigar los daños. Uno de los requisitos de la Administración Federal de Carreteras fue, precisamente, que todos los lugares donde hubo derrumbes y representaba una amenaza para la seguridad de conductores y peatones, fueran atendidos con la instalación de varios dispositivos de seguridad. Entre estos, vallas, rotulación, marcado, conos y drones», indicó Aguilar Zapata.
Añadió que «para cada uno de estos proyectos se procedió de acuerdo con las disposiciones federales, convocando y realizando subastas para que fuera a los mejores postores a los que se les adjudicara cada proyecto. Y eso, precisamente, fue lo que sucedió aquí».
La funcionaria explicó que «cuando se realiza este tipo de subastas, las normas son de que las propuestas son unificadas. O sea, cada propuesta contiene todos y cada uno de los requerimientos que hace la Autoridad de Carreteras y Transportación. En este caso, se solicita la instalación de drones, la transportación y colocación, el mantenimiento y la revisión constante de estos, así como la sustitución de aquellos que se pierdan o dañen. Además, se solicita la construcción e instalación de vallas de seguridad, rótulos, entre otros dispositivos”.
Detalló que «cada propuesta incluye todos estos dispositivos y servicios, los cuales no se pueden adquirir por separado. La ACT no puede comprar las vallas a un contratista, los rótulos a otro, y los drones a un tercero. Esas no son las normas de la industria ni de la Administración Federal de Carreteras. Al final del proceso, se seleccionó a la compañía que ofreció todos los dispositivos y servicios que requerimos por el precio más bajo. La segunda con mejor oferta representaba 400,000 dólares más».
Aseguró que «decir que se pagaron drones a sobreprecio, cuando este es solo un componente de un contrato que resultó en un ahorro de 400,000, es un acto de tergiversación inaceptable».
Con relación a un artículo de hoy, en el que se le preguntó a un funcionario de la Agencia Federal de Manejo de Emergencias (FEMA, siglas en inglés) si la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) ya había solicitado reembolso por estos contratos, la ingeniera indicó que «la premisa de la consulta, del saque, es errada».
«Este tipo de contratos se sufragan 100% con fondos de la Administración Federal de Carreteras. Son proyectos que no cualifican bajo el sistema de reembolso de FEMA. Por tanto, cuestionar si se solicitó algún reembolso a FEMA parte, nuevamente, de una premisa total y absolutamente incorrecta», afirmó la directora ejecutiva de la ACT.INS
lp