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San Juan, 16 may (INS).- En los próximos meses, comenzarán las campañas políticas cara a las primarias que se estarán celebrando durante junio del próximo año.
Uno de los componentes más importantes de la contienda electoral es la difusión del mensaje de los candidatos.
Para ello, los aspirantes y los partidos políticos invierten cientos de miles de dólares en propaganda política, ocupando vías públicas, puentes, columnas, postes, entre otros.
Sin embargo, una vez finaliza la contienda, los carteles y anuncios políticos que una vez difundieron un mensaje, se convierten en estorbos públicos que contaminan visual y ambientalmente.
Ante ello, el pasado 14 de mayo, la Comisión de Gobierno de la Cámara de Representantes emitió un informe positivo recomendando la aprobación del proyecto 0846, el cual establece la “Ley de Remoción de Propaganda Política”.
La medida, presentada por el representante José Banchs Alemán, dispone que una vez concluya el proceso electoral, todo partido político o candidato estará obligado a remover toda propaganda política que haya sido colocada en lugares públicos en un término de 30 días.
Transcurrido el término de 30 días, cualquier agencia estatal o municipal podrá realizar la remoción de la propaganda y reclamar los gastos al partido o candidato.
El representante Banchs Alemán, autor de la medida, expresó que “el abandono de la propaganda política es un problema recurrente que se ha ido agravando con el pasar de los años. En la actualidad, los gastos del gobierno en remoción de carteles y anuncios políticos alcanza sumas millonarias”.
El Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) se expresó a favor de la mediada.
Desde hace más de 25 años, el DTOP cuenta con un reglamento que atiende los medios de expresión pública en las propiedades bajo custodia de la agencia.
Mediante ponencia escrita, DTOP reconoció ante la Comisión de Gobierno su responsabilidad en cuanto a la remoción de la propaganda en la propiedad pública.
No obstante, la agencia expresó que “el tiempo, esfuerzo y recursos económicos que tanto el DTOP como la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) dedican a la remoción de propaganda debe reducirse”.
Sobre este particular, Banchs Alemán señaló que “en la actualidad, existen ordenanzas municipales que regulan la colocación y remoción de material visual, sin embargo, estas suelen incumplirse. La escasez de recursos económicos y de personal que enfrentan los municipios ha imposibilitado la fiscalización adecuada de dichas regulaciones. Ante esta realidad, existe la necesidad de aprobar legislación a nivel estatal que atienda e imparta uniformidad al asunto”.INS
lp