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San Juan, 9 may (INS).- El portavoz senatorial del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Juan Dalmau Ramírez, anunció hoy la presentación de la resolución del Senado 1090, para que el cuerpo repudie el acuerdo propuesto por la
Junta de Supervisión Fiscal (JSF) con el grupo de bonistas ad hoc y la aseguradora Assured Guaranty Corp., sobre la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), por considerarlo un acuerdo “nefasto” para la corporación pública y “otro golpe que empobrecerá aún más al país”.
“El acuerdo con el grupo de bonistas ad hoc y con la aseguradora Assured Guaranty Corp. anunciado por la Junta de Control Fiscal, en relación a la deuda de la AEE, tiene como fin perverso viabilizar la entrega acelerada de nuestra red energética a manos privadas y sentar las bases para la emisión de nueva deuda. Si indignante es la entrega de uno de los principales activos del país a un grupito de privilegiados para su enriquecimiento, más insultante resulta ser que el pago de estos nuevos bonos será sufragado por los abonados del sistema -entiéndase, el Pueblo de Puerto Rico- mediante la imposición de un ‘cargo de transición’ a incluirse en la factura durante los próximos 47 años”, manifestó el legislador independentista.
El senador Dalmau Ramírez indicó que, de acuerdo con lo comunicado por la Junta, el “cargo de transición” se iniciará en 2.7 centavos por kilovatio hora, pero aumentará por los primeros 23 años hasta aproximadamente 4.5 centavos por kilovatio hora, cantidad que se pagará hasta que finalice el término establecido.
“El efecto eventual en la factura de este ‘cargo de transición”‘ será un aumento en la tarifa mínimo de aproximadamente 26%. Este es un acuerdo nefasto que compromete uno de los motores más importantes para el desarrollo económico del país durante casi 50 años. De implementarse, veremos las manos de la próxima generación atadas y la posibilidad de crecimiento doblegada por las herramientas de la dictadura colonial que representa la Junta de Supervisión Fiscal. Un aumento vertiginoso, como el propuesto, sin duda tendrá un efecto económico agregado sobre la economía incalculable. El costo de operar negocios, pequeños y grandes, se disparará, al igual que los costos de producción”, aseguró.
Por esta razón, adelantó que “veremos nuevas oleadas de empleados despedidos y aumentos en los precios -desde la canasta básica, hasta artículos de lujo- realizados por empresas que buscan subsanar los efectos del alza en el costo de energía. Esta es una cadena cuyo efecto será el aumento en el costo de vida para una población desempleada y dependiente de programas de asistencia social, que también hemos visto reducidos en años recientes. De forma que este acuerdo se vislumbra como la receta perfecta para la precarización del sector asalariado y la profundización de la depresión económica imperante en la actualidad”.
El también secretario general del PIP expresó que si de algo sirvió la trágica experiencia confrontada por la Isla en las postrimerías de los huracanes Irma y María, “fue para dejar meridianamente claro que la falta de acceso oportuno al servicio de energía eléctrica cuesta vidas”.
“Hoy no podemos permitir que la disponibilidad de este servicio esencial se coloque en entredicho para nuestra población más empobrecida. Sanamente administrada, y en manos del Estado, la Autoridad de Energía Eléctrica no sólo constituye una herramienta de desarrollo económico, sino que además permite la ejecución de políticas dirigidas a asegurar la vida y dignidad de sectores otrora desprotegidos. Avalar la nueva carga que pretende imponérsele a este pueblo, según propuesta en el acuerdo ante la consideración del país y de la juez Laura Taylor Swain, sería colocar las vidas de nuestros envejecidos y enfermos al arbitrio del mercado durante los próximos 47 años”.
Para el político, “la vida y la dignidad son nuestras primeras prioridades, no las ganancias de un sector desvinculado del sufrimiento de nuestra población. Por eso el Senado de Puerto Rico, cuerpo representativo electo democráticamente por los puertorriqueños y puertorriqueñas, a nombre del Pueblo de Puerto Rico, debe repudiar este acuerdo enérgicamente”.INS
lp