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San Juan, 9 may (INS).- La Contraloría de Puerto Rico informó hoy que el municipio de Aguas Buenas pagó más de un millón en transporte escolar sin subasta, tras una auditoría a las operaciones fiscales del ayuntamiento.
El informe revela que de 2014 a 2017, el municipio de Aguas Buenas desembolsó más de un millón de dólares en el servicio de transporte escolar para el cual no había celebrado subasta pública.
La subasta general para la adquisición de bienes y servicios que celebró en el 2014, no incluyó el transporte escolar.
Dos proveedores de transportación escolar indicaron a los auditores que decidieron no participar en la subasta porque lo señalado en los pliegos de la subasta no se relacionaba al transporte escolar, sino al transporte en general desde Aguas Buenas hacia otros pueblos.
De hecho, el 20 de septiembre de 2018 se refirió a la Oficina de Ética Gubernamental la contratación que realizó el exalcalde con su primo para ofrecer el servicio de transportación escolar.
Esta situación podría constituir una violación a la Ley de Ética Gubernamental, dijo la Contraloría.
La auditoría establece que se remitieron con tardanzas de hasta tres meses, seis enmiendas de las nueve que se realizaron al contrato de 1.1 millón para el servicio de transportación escolar.
Los municipios deben remitir copia de todos los contratos dentro de los 15 días siguientes a su formalización, ya que ninguna prestación se podrá exigir hasta tanto el mismo se haya registrado en la Oficina del Contralor de Puerto Rico.
Además, contrario a la ley y la reglamentación vigente, el muunicipio no localizó para examen de los auditores cinco comprobantes de desembolso y sus justificantes de los años 2014 y 2015.
“Esta situación puede propiciar que se cometan irregularidades, o que se puedan detectar a tiempo para fijar responsabilidades”, manifestó la Contraloría.
El informe comenta asimismo que Aguas Buenas ha pagado más de medio millón de dólares por acuerdos transaccionales de demandas desde el 2013.
Las demandas en contra del municipio fueron por violación de derechos civiles en despidos por afiliación política, discriminación por incapacidad y por daños y perjuicios a un menor.
Al 30 de junio de 2018, estaban pendientes de resolución por los tribunales 10 demandas civiles por 2.2 millones.
Además, la Oficina de Ética Gubernamental requirió al alcalde de Aguas Buenas, el 17 de enero de 2018, que debía rembolsar 16,620 de su pecunio a las arcas municipales, por no solicitar la dispensa requerida en el nombramiento de un funcionario municipal.
El alcalde tenía que solicitar una dispensa antes de nombrar al director de auditoría interna, ya que su padre era legislador municipal.
El informe cubre el periodo del 1 de enero de 2014 al 30 de junio de 2018.INS
lp