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San Juan, 8 may (INS).- El presidente de la Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios (APPU), Ángel Rodríguez, informó que la agrupación y nueve profesores de la organización presentaron ante el tribunal federal una demanda contra la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) por haber incluido en el plan fiscal de la Universidad de Puerto Rico (UPR) modificaciones al Sistema de Retiro, careciendo, según la entidad, de autoridad para ello.
“El Sistema de Retiro, como un fideicomiso, es autónomo y completamente independiente y separado de los estados individuales de los fiduciarios”, lee la demanda.
El profesor Javier Córdova, vicepresidente de la APPU y también demandante, aseguró que “no existe una disposición legal que le confiera a la Junta la facultad para supervisar el Fideicomiso del Sistema de Retiro UPR”.
Según el académico, “la Junta Fiscal excedió su poder al recomendar reducir las pensiones y congelar el plan de pensiones definidas y de por vida, en perjuicio de los empleados y pensionados de la UPR”.
La APPU demandó, también, a los miembros de la junta de gobierno y al presidente de la UPR, Jorge Haddock, por el incumplimiento con sus deberes.
Para la asociación, la junta de gobierno ha descuidado su deber fiduciario al no hacer los pagos que le correspondían hacer al patrono, la UPR, permitiendo el deterioro de la estabilidad económica del fideicomiso, fallando en proteger los activos.
Además, establece que la junta de gobierno falló también al permitir que la JSF dicte pautas al Fideicomiso de Retiro sin autoridad para ello.
Igualmente, la APPU sostiene que el presidente de la UPR no ha presupuestado ni ha pagado los plazos vencidos que adeuda la UPR al Fideicomiso.
“Mientras los empleados cumplimos fielmente con las aportaciones individuales requeridas y con el pago de préstamos para lograr una mejor pensión, la UPR no cumple con el pago de su deuda al Fideicomiso”, señaló la profesora jubilada y demandante Yohana De Jesús.
Añadió que “Haddock dice que los recortes son manejables y que la reserva de dinero de la UPR aumentó, pero cierra plazas, le paga salarios miserables a los docentes por contrato, pretende reducir el beneficio de plan médico a los empleados y empleadas; y mientras tanto asegura su salario de 240 mil anuales, el más alto que haya cobrado un presidente en la historia de la Universidad de Puerto Rico”.
El presidente de la APPU aconsejó a Haddock que se una al reclamo de la comunidad universitaria y de los representantes estudiantiles y claustrales en la junta de gobierno para que el gobernador de Puerto Rico cumpla con la Ley 2 de 1966 y asigne a la UPR los fondos que necesita para continuar su misión educativa de excelencia.
“Es su obligación salvaguardar el recurso humano, cumplir con sus obligaciones contractuales, proveer materiales y equipo; y asegurar un ambiente de trabajo seguro y adecuado para la educación, la investigación y las prácticas educativas y comunitarias que realizamos en la UPR”, opinó.
Los demandantes reclamaron al Tribunal que declare nula cualquier participación de la JSF en la operación del Sistema de Retiro de la UPR o en sus beneficios, que decrete que la junta de gobierno de la UPR no puede obedecer las instrucciones de la JSF con relación al Fideicomiso de Retiro UPR, que ordene a la junta de gobierno pagar lo que adeuda así como las pérdidas que le ha causado al Fideicomiso por su incumplimiento, remueva la fiducia del Sistema de Retiro a la Junta de Gobierno y la transfiera a la Junta de Retiro y mande al presidente de la UPR y a la junta de gobierno que aseguren el cumplimiento de la Ley 2 de 1966.INS
lp