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San Juan, 1 may (INS).- A partir del 30 de septiembre próximo, los municipios no tendrán la obligación de hacer aportaciones al plan de seguro de salud del gobierno.
También sucederá lo mismo con el plan de pensiones, conocido en inglés como “Pay as you Go”, al tiempo que el Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM) no tendrá la obligación de remesar pagos a esos fines.
Se estima que el impacto fiscal para los municipios entre estas partidas alcanza los 400 millones anuales.
La iniciativa será posible luego de que el Senado aprobara ayer el proyecto 1258, de la autoría del presidente de la cámara alta, Thomas Rivera Schatz, en el que propone crear la “Ley para la Reducción de las Cargas Administrativas de los Municipios”.
La pieza legislativa fue aprobada unánimemente.
Según propuesto por Rivera Schatz, tras la eliminación de la obligación de los municipios de aportar al plan de salud de gobierno y al sistema “Pay as you Go”, el CRIM retendrá en el Fondo de Equiparación un 50 por ciento de la cantidad que les correspondería a los municipios desembolsar a la Administración de Seguros de Salud (ASES).
Para esto se utilizará como base la cantidad facturada para el año fiscal 2015-2016 y hasta el 90 por ciento de la cantidad que le correspondería pagar a los municipios al plan de pensiones utilizando como base la cantidad facturada para el año fiscal 2017-2018, para ser distribuidos a los municipios según las normas aplicables a dicho fondo.
Los sobrantes serán distribuidos en efectivo entre los municipios, sobre la base de la proporción a la que aportan a las remesas.
“No es secreto que los ayuntamientos atraviesan una enorme crisis fiscal, como ocurre con el gobierno de Puerto Rico. No obstante, siendo criaturas del Estado, las alternativas para que salgan de la crisis son limitadas. Como si fuera poco, el Plan Fiscal para Puerto Rico aprobado por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) contempla la reducción de las transferencias de fondos del Fondo General a los municipios hasta su eliminación en el 2023. Anualmente, esta cifra rondaba los 360 millones”, explicó el presidente del Senado.
La medida pasa ahora a la consideración de la Cámara de Representantes.INS
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