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Raúl Vélez Ozuna, conferencista y presidente del Colegio Dominicano de Abogados, seccional La Romana./Inter News Service
San Juan, 1 may (INS).- El cumplimiento y alcance práctico de los derechos fundamentales que cobijan a los ciudadanos de nacionalidad dominicana fue abordado en una conferencia organizada por el Instituto del Dominicano en el Exterior de Puerto Rico (Index PR), en la que también se analizaron aspectos legales de la libertad de expresión en ese país.
La conferencia “La Libertad de Expresión frente a los Derechos Fundamentales en RD” fue dictada por el presidente del Colegio Dominicano de Abogados, seccional La Romana, Raúl Vélez Ozuna, y moderada por la encargada de la División de Orientación Legal del INDEX, Viviana Díaz Saviñón, en las instalaciones de la Casa Dominicana, ubicada en Santurce.
En la actividad participaron el presidente de la Legislatura Municipal de San Juan, Marco Rigau; el presidente del Colegio de Abogados de Puerto Rico, Edgardo Román; el Concilio de Organizaciones Dominicanas en PR., encabezado por Mery D’ Acosta, así como los asambleístas municipales Claribel Martínez y Jimmy Zorilla.
En su disertación, el jurista destacó que tan importante es poder expresarse con libertad como respetar los límites que imponen las leyes, ya que realizar planteamientos sin probanzas de manera pública puede ser sancionado hasta con pena de privación de libertad.
“Cuando el derecho a expresar nuestras opiniones se sustenta en falsedad, caemos en la difamación, tipificada y sancionada por las leyes dominicanas”, dijo.
El abogado abordó en su análisis demandas recientes de gran impacto mediático, como la interpuesta por la vicepresidenta de la República Dominicana, Margarita Cedeño, contra el comunicador Marcos Martínez.
También la demanda del compositor dominicano Rafaél Solano contra el emporio radial Z-101 y el comunicador Álvaro Arvelo (hijo).
“En ambos casos los difamados prevalecieron ya que los demandados no pudieron presentar pruebas de sus acusaciones o escritos”, expresó, al momento de subrayar que además de la disposición que ordena pena privativa de libertad, en República Dominicana, han aumentado las sanciones de carácter económico por el delito de difamación, que incluye expresiones realizadas en redes sociales.INS
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