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San Juan, 8 abr (INS).- La Contraloría de Puerto Rico estableció que las operaciones fiscales del municipio de Luquillo se realizan sin controles.
Por ejemplo, señala que el municipio no obtuvo los permisos de construcción de obras, de la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe), para la reparación y mejoras de la calle y el muro de la avenida Herminio Díaz Navarro a un costo de 111,950 dólares. Además, para la rehabilitación del malecón “La Pared” obtuvo el permiso nueve meses después de comenzar los trabajos.
Igualmente, los funcionarios municipales no entregaron los planos finales de los proyectos mencionados ni de la remodelación del Teatro Centro de Arte y Cultura.
De la remodelación del teatro, tampoco entregaron los informes de las 32 inspecciones diarias ni las minutas de nueve reuniones del progreso del proyecto.
“Estas situaciones no permitieron a la OGPe ejercer su función fiscalizadora e impidió a nuestros auditores verificar la corrección de los procedimientos, hecho que propicia la comisión de irregularidades”, señaló la auditoría.
El informe señala además deficiencias en los procesos de contratación de obras y en los pagos realizados.
En este caso, un asesor contratado por el municipio, solicitó y recibió las propuestas de siete compañías para la reparación del sistema de aire acondicionado de la alcaldía, sin estar autorizado.
Además, el director de compras adjudicó trabajos de pintura en la alcaldía a una compañía cuya oferta era más cara.
Este funcionario no documentó las razones para aceptar una oferta mas costosa ni tampoco formalizó un contrato oficial, sino un contrato de servicio sin las cláusulas requeridas por ley.
La junta de subastas también adjudicó una subasta informal a una oferta más cara para reparar el muro y la avenida Díaz Navarro en Luquillo.
La Junta argumentó que se rechazó la oferta más económica porque el licitador la presentó en suma global (“lump sum”) y no en desglose de costos.
El argumento no era un requisito para la adjudicación de los trabajos.
Asimismo, contrario al Reglamento para la Administración Municipal, no se obligaron las asignaciones presupuestarias necesarias para el pago de tres contratos y cuatro enmiendas por 257,807 dólares.
“Esta situación impide mantener un control efectivo de las partidas presupuestarias y puede propiciar litigios innecesarios”, indicó la Contraloría.
El informe cubre el periodo del 1 de enero de 2014 al 30 de junio de 2017.INS
lp