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San Juan, 5 abr (INS).- El presidente de la Comisión sobre Pena de Muerte del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico (Caapr), Kevin Miguel Rivera Medina, cuestionó la decisión expresada ayer, jueves, por el juez presidente del Tribunal Federal de EEUU en la Isla, Gustavo Gelpí, que admite la pena capital como posible condena a un acusado federal.
El también representante de la Coalición Mundial Contra la Pena de Muerte subrayó que el fallo, relacionado con el caso Estados Unidos v Juan R. Pedro Vidal y Luis Omel Pedro, contradice la determinación del Congreso de Estados Unidos sobre la aplicación de ese castigo en la Isla.
«Gelpí parece olvidar que el Congreso, como parte del poder sobre sus territorios y contrario hace con los estados,enmendó partes de la Constitución que aprobó el pueblo de Puerto Rico y validó la prohibición a la pena de muerte, según establece el Artículo II Sección 7 de nuestra Constitución. Es decir, que no fue sólo la voluntad del pueblo puertorriqueño, como el juez argumenta, sino que fue la determinación del Congreso tratar diferente a Puerto Rico sobre la aplicabilidad de la pena de muerte», sentenció.
El letrado opinó que el gobierno federal en Puerto Rico aplica de manera desproporcionada el estatuto federal.
Como ejemplo de esto, señaló que entre 2012 y el 2014, en el país se desarrolló el 20% de todos los juicios de pena de muerte en la jurisdicción federal, a pesar de que Puerto Rico apenas cuenta para el equivalente del 1% de la población estadounidense.
«Es como un deseo visceral de obtener una sentencia de muerte, de ejecutar», resaltó.
El presidente del Caapr, Edgardo Román Espada, recalcó que la organización que lidera es solidaria con las víctimas y sobrevivientes de asesinatos, y luchará siempre a favor de la verdad y la justicia. Sin embargo, reiteró que la ejecución no ha demostrado ser un disuasivo para la criminalidad ni brindará paz en los hogares del país.
«La pena de muerte ha sido duramente criticada porque se aplica de manera arbitraria y discriminatoria; no contribuye a bajar la criminalidad y es un castigo cada vez menos impuesto por las civilizaciones. Su aplicación es más costosa que los encarcelamientos por varias décadas. Y por si fuera poco, son muchos los inocentes que han sido condenados a este castigo que, de implementarse mal, es irreversible», argumentó Román Espada.
Rivera Medina agregó que tras haberse expresado en contra de su aplicación en la Isla, «tanto el Departamento de Justicia como la Oficina de la Comisionada Residente deben de evaluar si los memorandos de entendimiento con la fiscalía federal están teniendo el efecto de usar fondos públicos de Puerto Rico para casos de pena de muerte federal, tanto en la investigación por medio de task forces como en el procesamiento legal de los casos. Eso podría ser un uso indebido de fondos públicos para fines inconstitucionales».INS
lp